A estas alturas, sorprendernos ya no es una opción, pero tampoco deberíamos resignarnos al silencio. En Ceuta, cada día es más evidente que no todos los ciudadanos —ni todas las empresas— juegan con las mismas reglas. Lo último, el tratamiento desigual que se está dando a ciertos alquileres de locales por parte de empresas municipales. Lo que para unos es imposible por tratarse de una “concesión administrativa”, para otros es perfectamente viable. Y claro, uno se pregunta: ¿cuál es la vara de medir? ¿Quién la maneja? ¿Y por qué se aplica de forma tan arbitraria?
A estas alturas, sorprendernos ya no es una opción, pero tampoco deberíamos resignarnos al silencio. En Ceuta, cada día es más evidente que no todos los ciudadanos —ni todas las empresas— juegan con las mismas reglas. Lo último, el tratamiento desigual que se está dando a ciertos alquileres de locales por parte de empresas municipales. Lo que para unos es imposible por tratarse de una “concesión administrativa”, para otros es perfectamente viable. Y claro, uno se pregunta: ¿cuál es la vara de medir? ¿Quién la maneja? ¿Y por qué se aplica de forma tan arbitraria?
Estamos ante un nuevo caso que huele a favoritismo, a decisiones cocinadas en despachos donde la transparencia brilla por su ausencia. Porque si de verdad todos fuéramos iguales ante la ley —como tanto se proclama en los discursos—, no cabría esa doble moral en la gestión de lo público. Lo que es norma para uno, debería serlo para todos. Pero aquí, dependiendo de quién seas, de a quién conozcas o a qué partido representes, los criterios cambian como el viento.
Y mientras tanto, se asiste atónito —una vez más— al espectáculo. Con cada decisión arbitraria, con cada incoherencia, el vaso se va llenando. Y lo peor es que algunos parece que no se han dado cuenta de que ya está a punto de rebosar.
Ceuta merece políticos que no sólo hablen de igualdad y justicia, sino que la practiquen. Que dejen de usar las instituciones como si fueran su cortijo. Porque las concesiones administrativas, los contratos y los recursos públicos no son ni del político de turno ni de su entorno. Son de todos.
Y esto, señores, es otra más.
