La convivencia en cualquier sociedad se basa en el respeto a las normas. No es de recibo que algunos inmigrantes, amparados en la permisividad de un sistema garantista, se crean con todos los derechos del mundo pero ninguna obligación. La reciente denuncia sobre los problemas de convivencia en el CETI vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: hay quienes, en lugar de integrarse, imponen su ley y avasallan sin miramientos.
La convivencia en cualquier sociedad se basa en el respeto a las normas. No es de recibo que algunos inmigrantes, amparados en la permisividad de un sistema garantista, se crean con todos los derechos del mundo pero ninguna obligación. La reciente denuncia sobre los problemas de convivencia en el CETI vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: hay quienes, en lugar de integrarse, imponen su ley y avasallan sin miramientos.
No se trata de criminalizar a todo el colectivo, porque la inmensa mayoría de los migrantes llega con la intención de labrarse un futuro digno. Pero es innegable que una minoría conflictiva genera problemas de seguridad y convivencia, con agresiones y altercados que perjudican tanto a los ciudadanos como a sus propios compatriotas. ¿Hasta cuándo se va a mirar hacia otro lado?
Las autoridades tienen la obligación de garantizar el orden y actuar contra quienes no respetan las reglas. No se puede permitir que la respuesta ante los abusos sea la inacción, como si la convivencia fuera un favor y no un derecho de todos. Quien no respeta las normas debe asumir las consecuencias, sin medias tintas ni buenismos mal entendidos.
La solidaridad no puede ser sinónimo de tolerancia con el desorden. A quien viene de fuera se le debe brindar apoyo, sí, pero también exigirle el mismo respeto que se pide a cualquier ciudadano. Lo contrario no es integración, sino dejación.
