El Partido Popular de Ceuta ha puesto el dedo en la llaga al denunciar que la respuesta del Gobierno de España sobre la atención en Salud Mental Infanto-Juvenil vende una normalidad que aquí nadie reconoce. Desde Madrid se habla de sistema sólido, de plantillas cubiertas y de recursos suficientes, pero en la calle la sensación es muy distinta: la de un servicio que sobrevive a duras penas y que no da respuesta real a quienes la necesitan.
El Partido Popular de Ceuta ha puesto el dedo en la llaga al denunciar que la respuesta del Gobierno de España sobre la atención en Salud Mental Infanto-Juvenil vende una normalidad que aquí nadie reconoce. Desde Madrid se habla de sistema sólido, de plantillas cubiertas y de recursos suficientes, pero en la calle la sensación es muy distinta: la de un servicio que sobrevive a duras penas y que no da respuesta real a quienes la necesitan.
La realidad es tozuda. Ceuta no tiene psiquiatras suficientes y, en la práctica, solo dos profesionales pasan consulta externa. Con esa dotación es imposible atender la demanda, reducir listas de espera o garantizar una atención digna, tanto para adultos como para menores. Decir que el sistema está “controlado” cuando faltan manos básicas es, como poco, una exageración.
Más preocupante aún es lo que ocurre en las urgencias de Salud Mental, donde no hay atención especializada propia y son los internistas, ya saturados, quienes asumen esa carga. A esto se suma que la unidad de ingresos de Salud Mental del Hospital Universitario sigue sin estar operativa, obligando a derivar casos fuera de la ciudad. Eso no es normalidad, es parcheo.
Mientras el Gobierno presume de autosuficiencia, el sistema se sostiene con externalizaciones y derivaciones a la Península, incluso de menores. El propio INGESA recurre a centros externos porque no puede cubrir lo que debería ser un servicio público básico. Y todo ello con el impacto personal y familiar que conlleva para los pacientes.
La salud mental está haciendo mucho daño precisamente porque no se le da la prioridad ni la urgencia que merece. Es una competencia directa del Estado y no se soluciona con respuestas triunfalistas, sino con profesionales suficientes, estabilidad y servicios que funcionen de verdad. Negar el problema no lo hace desaparecer; solo lo agrava.
