Es innegable que para que los acuerdos plenarios se materialicen es fundamental contar con el presupuesto adecuado. Sin embargo, hay un punto que no podemos pasar por alto: los acuerdos plenarios deben cumplirse. No es solo una cuestión de buena gestión, sino también de legalidad. Si los acuerdos tomados no se ejecutan, se corre el riesgo de incurrir en una falta grave que podría considerarse una ilegalidad.
Es innegable que para que los acuerdos plenarios se materialicen es fundamental contar con el presupuesto adecuado. Sin embargo, hay un punto que no podemos pasar por alto: los acuerdos plenarios deben cumplirse. No es solo una cuestión de buena gestión, sino también de legalidad. Si los acuerdos tomados no se ejecutan, se corre el riesgo de incurrir en una falta grave que podría considerarse una ilegalidad.
Vivas menciona que muchos de los acuerdos no pasan por los informes previos necesarios, especialmente en lo que se refiere a la disponibilidad de crédito. Esta es una observación válida y ciertamente importante. No obstante, los acuerdos plenarios no son simples sugerencias ni declaraciones de buenas intenciones que puedan quedar en el aire. Son decisiones que se deben respetar y ejecutar, porque representan la voluntad del pleno y, por ende, de los ciudadanos a los que representa.
Decir que los acuerdos plenarios son "declaraciones de intenciones" es minimizar su importancia. Claro, la intención es llevarlos a cabo, pero esa intención debe ir acompañada de acciones concretas y efectivas. No podemos quedarnos en las excusas de la falta de presupuesto indefinidamente. Si se sabe que hay acuerdos que requieren fondos, es responsabilidad de los gestores públicos buscar y asegurar esos fondos. Si no se puede cumplir con lo acordado, se debería ser transparente desde el inicio y no prometer lo que no se puede cumplir.
La frustración de los grupos proponentes es más que comprensible. Ellos no solo quieren ver realizadas sus propuestas por un sentido de logro personal o político, sino porque detrás de cada acuerdo hay una necesidad o un beneficio que se pretende alcanzar para la comunidad. Ignorar estos acuerdos es ignorar las necesidades de los ciudadanos. Además, recordemos que la ley está para cumplirse. Si en el ámbito estatal existe el veto para proposiciones sin respaldo financiero, aquí se debería ser igual de riguroso.
En definitiva, si bien es cierto que el presupuesto es una limitación real, no puede ser la única excusa. Los acuerdos plenarios deben cumplirse porque así lo exige la legalidad y la confianza de los ciudadanos en sus representantes. Es necesario buscar soluciones creativas y efectivas para que esos acuerdos no se queden en el limbo y se traduzcan en beneficios concretos para la sociedad. Al final del día, la buena gestión pública no solo es cuestión de intenciones, sino de resultados tangibles.
