Lo ocurrido en el centro de menores El Cortijo debería servir para encender todas las alarmas. Diez menores fueron detenidas y dos educadores resultaron lesionados durante un altercado que obligó a intervenir a la Policía Nacional. Y detrás del episodio aparece una cuestión que CCOO lleva ahora hasta el Área de Menores: centros sobreocupados y plantillas que el sindicato considera insuficientes para afrontar la realidad actual.
Lo ocurrido en el centro de menores El Cortijo debería servir para encender todas las alarmas. Diez menores fueron detenidas y dos educadores resultaron lesionados durante un altercado que obligó a intervenir a la Policía Nacional. Y detrás del episodio aparece una cuestión que CCOO lleva ahora hasta el Área de Menores: centros sobreocupados y plantillas que el sindicato considera insuficientes para afrontar la realidad actual.
Porque hay algo que parece de sentido común: no se puede exigir a un trabajador que mantenga el orden, proteja a los menores, evite situaciones de riesgo y responda ante cualquier incidente si después lo dejamos prácticamente vendido cuando la situación se complica. Estos profesionales no son policías ni deberían tener que convertirse en ellos. Su trabajo es educativo y asistencial, pero para poder desarrollarlo necesitan medios, personal suficiente y unas condiciones mínimas de seguridad.
CCOO reclama aumentar la contratación por turno y adaptar las ratios de profesionales a la ocupación real de los centros. No parece una petición desorbitada. Si ha aumentado extraordinariamente el número de menores atendidos, los recursos humanos tienen que crecer en consonancia. Pretender gestionar una situación excepcional con plantillas pensadas para circunstancias normales es cargar sobre los trabajadores una responsabilidad que corresponde a quienes organizan y financian el servicio.
Y conviene dejar algo igualmente claro: una agresión no puede convertirse en parte del sueldo. Nadie debería acudir a su puesto de trabajo aceptando como normal la posibilidad de recibir golpes, amenazas o insultos. La protección de los menores es imprescindible, pero esa obligación no está reñida con proteger a los educadores y demás profesionales que precisamente hacen posible esa atención.
La Ciudad debe escuchar esta advertencia y actuar antes de que llegue un incidente todavía más grave. Reforzar las plantillas, establecer ratios realistas y garantizar protocolos de seguridad no es un lujo ni una concesión sindical: es una necesidad para que los centros funcionen. Cuidar a quienes cuidan también forma parte de la protección de los menores.