Ceuta vuelve a quedar en evidencia con un incumplimiento que no es menor: la enseñanza de la lengua de signos en los centros educativos sigue sin aplicarse como marca la ley. No estamos hablando de un capricho ni de una actividad extraescolar prescindible, sino de un derecho básico que afecta a la inclusión, la igualdad de oportunidades y la dignidad de muchas personas.
Ceuta vuelve a quedar en evidencia con un incumplimiento que no es menor: la enseñanza de la lengua de signos en los centros educativos sigue sin aplicarse como marca la ley. No estamos hablando de un capricho ni de una actividad extraescolar prescindible, sino de un derecho básico que afecta a la inclusión, la igualdad de oportunidades y la dignidad de muchas personas.
En las aulas hay niños con pérdida auditiva, parcial o total, que necesitan herramientas reales para comunicarse y desarrollarse. Pero también hay otra realidad que a menudo se pasa por alto: muchos menores viven en entornos familiares complejos, con padres, madres o incluso abuelos que sufren problemas de adicción u otras dificultades que afectan a la comunicación en casa. En esos casos, la escuela debería ser un espacio que compense, que apoye, que abra puertas. No hacerlo es dejar a estos niños aún más atrás.
La lengua de signos no solo beneficia a quienes no oyen. Es una herramienta de inclusión para toda la comunidad educativa. Aprenderla fomenta la empatía, mejora la comunicación y rompe barreras invisibles que siguen existiendo en pleno siglo XXI. Además, la presencia de intérpretes en las aulas no es un lujo, es una necesidad para garantizar que ningún alumno quede fuera del proceso educativo.
Resulta difícil entender por qué, teniendo una normativa clara, Ceuta sigue sin cumplirla. No se trata de falta de información, sino de voluntad y de prioridades. Cuando se ignoran estas obligaciones, el mensaje que se envía es preocupante: que hay derechos que pueden esperar. Y eso, en educación, tiene consecuencias que se arrastran durante años.
Es momento de pasar de las palabras a los hechos. Las administraciones deben garantizar la enseñanza de la lengua de signos y la presencia de profesionales cualificados en los centros. Porque la inclusión no puede ser un eslogan vacío: debe ser una realidad palpable en cada aula. Y en Ceuta, ahora mismo, no lo es.
