Los datos hechos públicos por la Policía Nacional en Ceuta durante el pasado mes de junio vuelven a poner sobre la mesa una realidad incontestable: los agentes cumplen con su obligación. Cuarenta y tres detenciones por reclamaciones judiciales y policiales, dos de ellas de carácter internacional, no son fruto de la casualidad, sino del trabajo constante de unos profesionales que, en muchas ocasiones, desarrollan su labor con escasos medios y bajo una enorme presión.
Los datos hechos públicos por la Policía Nacional en Ceuta durante el pasado mes de junio vuelven a poner sobre la mesa una realidad incontestable: los agentes cumplen con su obligación. Cuarenta y tres detenciones por reclamaciones judiciales y policiales, dos de ellas de carácter internacional, no son fruto de la casualidad, sino del trabajo constante de unos profesionales que, en muchas ocasiones, desarrollan su labor con escasos medios y bajo una enorme presión.
Sin embargo, estos buenos resultados operativos también invitan a una reflexión mucho más incómoda. ¿De qué sirve detener una y otra vez a los mismos delincuentes si el sistema jurídico transmite la sensación de que las consecuencias son insuficientes? La labor policial pierde parte de su eficacia cuando quienes acumulan antecedentes regresan rápidamente a las calles, alimentando una preocupante percepción de impunidad.
Ceuta, por su condición fronteriza y por las particularidades que la rodean, necesita un marco legal que responda con mayor contundencia frente a la delincuencia reincidente. No basta con exigir más presencia policial cuando quienes ya cumplen con su trabajo ven cómo muchas de sus actuaciones terminan teniendo un efecto limitado por un sistema que, a ojos de buena parte de la ciudadanía, resulta excesivamente garantista con quienes vulneran la ley y poco protector con quienes la respetan.
Criticar esta situación no supone cuestionar el Estado de derecho ni la independencia judicial. Significa reclamar un debate serio sobre si las normas actuales están respondiendo realmente a la realidad que viven las calles.
La Policía Nacional merece reconocimiento por su trabajo. Ahora corresponde al legislador preguntarse si las herramientas legales que pone en sus manos están a la altura del esfuerzo de quienes arriesgan su seguridad para proteger la de todos. Mientras esa respuesta siga siendo insuficiente, el problema difícilmente dejará de repetirse.
