En las "XIII Jornadas Jurídicas" de Ceuta clausuradas ayer, el magistrado presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha lanzado una advertencia que resuena en el ámbito judicial y político de nuestro país. En su intervención titulada “Presente y futuro del proceso penal”, Marchena no solo destacó un creciente “problema de credibilidad” en la Administración de Justicia, sino que también subrayó la evidente “tensión” entre los poderes judiciales y políticos, una relación que, según él, necesita una reflexión profunda y pausada.
En las "XIII Jornadas Jurídicas" de Ceuta clausuradas ayer, el magistrado presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha lanzado una advertencia que resuena en el ámbito judicial y político de nuestro país. En su intervención titulada “Presente y futuro del proceso penal”, Marchena no solo destacó un creciente “problema de credibilidad” en la Administración de Justicia, sino que también subrayó la evidente “tensión” entre los poderes judiciales y políticos, una relación que, según él, necesita una reflexión profunda y pausada.
El panorama que presenta Marchena es desolador. La “banalización” del debate jurídico y la constante descalificación de la Administración de Justicia están erosionando los cimientos de una institución vital para la democracia. En un contexto donde cada sentencia es escrutada y criticada de inmediato sin el debido análisis, se pierde el respeto por el rigor y la seriedad que caracteriza el trabajo judicial. La justicia se está convirtiendo en un espectáculo mediático, y los jueces y fiscales se ven obligados a justificar sus decisiones bajo la presión de una opinión pública desinformada y polarizada.
Marchena ha sido contundente: “no se puede legislar a golpe de cañonazos”. Esta afirmación resume una realidad preocupante donde la política busca imponer cambios rápidos y radicales sin la deliberación necesaria. El magistrado ha señalado que no es el momento adecuado para abordar reformas profundas en el proceso penal, especialmente cuando se cuestiona a jueces y fiscales de manera indiscriminada. Cualquier cambio significativo requiere estabilidad y confianza en las instituciones, algo que actualmente está en entredicho.
La publicidad procesal, otro tema abordado por el magistrado, es una garantía del debido proceso, pero también un arma de doble filo. La transparencia es necesaria, pero debe ir acompañada de un conocimiento y estudio profundo de los casos. La justicia no puede convertirse en un campo de batalla ideológico donde las decisiones se etiquetan y critican sin el debido análisis. Este tipo de debates superficiales solo contribuyen a la polarización y a la pérdida de confianza en el sistema judicial.
La llamada de Manuel Marchena a una “profunda reflexión” sobre el estado actual de la justicia en España es urgente y necesaria. La justicia debe ser un pilar inquebrantable de la sociedad y, para ello, necesita del respeto y la confianza de todos los ciudadanos. Las reformas, cuando sean necesarias, deben ser fruto de un consenso amplio y de un análisis detallado, no de impulsos políticos o mediáticos.
