El acoso laboral en las sociedades municipales y en el propio Ayuntamiento ha dejado de ser una lamentable excepción para convertirse en una rutina asfixiante. Lo que debería ser un entorno de servicio público, regido por el respeto a los derechos de los trabajadores y el principio de legalidad, se ha transformado en un terreno minado donde la persecución, el hostigamiento y el aislamiento profesional están, vergonzosamente, a la orden del día.
El acoso laboral en las sociedades municipales y en el propio Ayuntamiento ha dejado de ser una lamentable excepción para convertirse en una rutina asfixiante. Lo que debería ser un entorno de servicio público, regido por el respeto a los derechos de los trabajadores y el principio de legalidad, se ha transformado en un terreno minado donde la persecución, el hostigamiento y el aislamiento profesional están, vergonzosamente, a la orden del día.
Las denuncias no paran de acumularse en los registros, en las sedes sindicales y en los juzgados. No se trata de simples discrepancias laborales ni de casos aislados de mala relación entre compañeros; estamos ante patrones sistemáticos de desgaste psicológico diseñados para doblegar, apartar o castigar a empleados incómodos. Se retiran competencias, se alteran categorías arbitrariamente, se recortan condiciones consolidadas y se practica el vacío premeditado ante la mirada indiferente de quienes tienen la obligación legal y moral de intervenir.
¿Dónde está el área de Recursos Humanos? ¿A qué se dedica el departamento de Personal mientras los trabajadores sufren este calvario diario? Su inacción roza la complicidad. En lugar de activar protocolos rigurosos, abrir investigaciones imparciales y proteger a las víctimas frente a los abusos de poder de mandos intermedios, gerencias endiosadas e intervinientes sin competencia alguna, RRHH parece haber optado por mirar hacia otro lado, como si el sufrimiento ajeno y la degradación del clima laboral no fueran de su incumbencia.
Una administración moderna no puede sostenerse sobre el miedo, el ninguneo y la humillación. El acoso laboral no solo destruye la salud y la dignidad de las personas que lo padecen; también pudre por dentro los servicios públicos y dilapida los recursos de la ciudadanía en bajas evitables y costas judiciales.
Alguien tiene que poner freno inmediato a esta deriva caciquil. El área de Personal y Recursos Humanos no puede seguir escondida en la comodidad del despacho ni parapetada tras el silencio burocrático. Es urgente que el Consejero Sr. Gaitán asuma su responsabilidad, auditen lo que ocurre en cada empresa pública y demuestren si están para garantizar la justicia laboral o para proteger a los acosadores. La paciencia se ha terminado: frenar este terror cotidiano ya no es una opción, es una exigencia inaplazable.