En pleno siglo XXI resulta incomprensible que los médicos forenses, figuras esenciales para el sistema judicial y la sociedad, trabajen con tan pocos recursos materiales. No hablamos de lujos ni de equipamiento accesorio, sino de algo tan básico y necesario como cámaras de congelación de cadáveres. La ausencia de estas instalaciones no solo entorpece su labor, sino que además genera situaciones que bordean lo indigno para los profesionales y para las propias familias que esperan respuestas en circunstancias dolorosas.
En pleno siglo XXI resulta incomprensible que los médicos forenses, figuras esenciales para el sistema judicial y la sociedad, trabajen con tan pocos recursos materiales. No hablamos de lujos ni de equipamiento accesorio, sino de algo tan básico y necesario como cámaras de congelación de cadáveres. La ausencia de estas instalaciones no solo entorpece su labor, sino que además genera situaciones que bordean lo indigno para los profesionales y para las propias familias que esperan respuestas en circunstancias dolorosas.
La falta de estas cámaras supone un obstáculo serio para las autopsias y para la correcta conservación de los cuerpos. Se trata de un déficit que pone en entredicho la calidad del servicio forense, que no es un capricho burocrático, sino una garantía de justicia y de respeto a los fallecidos. La medicina legal es un pilar en cualquier Estado de derecho, y sin los recursos adecuados, se debilita el sistema en su conjunto.
No se puede cargar toda la responsabilidad en los hombros de los médicos forenses, que hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Son profesionales vocacionales que lidian con un trabajo duro, en condiciones que ya de por sí resultan emocionalmente exigentes. Que además deban enfrentarse a carencias materiales tan graves es una falta de consideración que no debería tolerarse.
El problema no es nuevo, y eso lo hace aún más preocupante. Las instituciones llevan años conociendo estas carencias y, sin embargo, las soluciones siguen brillando por su ausencia. Cada retraso, cada promesa incumplida, agrava una situación que debería estar resuelta desde hace mucho tiempo.
La dignidad de la justicia también pasa por estas cuestiones prácticas. Dotar a los médicos forenses de los recursos necesarios no es un favor, es una obligación. Si queremos una sociedad que funcione con rigor y respeto, no podemos permitir que sus profesionales trabajen con las manos atadas por falta de medios.
