Hay una pregunta que sobrevuela todo este asunto y que cada vez resulta más difícil esquivar: ¿por qué tanta insistencia durante más de veinte años en controlar quién ocupa la Secretaría General y la Intervención? La respuesta parece evidente. Quien gobierna sin controles gobierna mucho más cómodo. Y eso es precisamente lo que transmite la larga cadena de nombramientos anulados, recursos y sentencias: la búsqueda constante de personas que no pusieran demasiadas pegas a las decisiones del Ejecutivo.
Hay una pregunta que sobrevuela todo este asunto y que cada vez resulta más difícil esquivar: ¿por qué tanta insistencia durante más de veinte años en controlar quién ocupa la Secretaría General y la Intervención? La respuesta parece evidente. Quien gobierna sin controles gobierna mucho más cómodo. Y eso es precisamente lo que transmite la larga cadena de nombramientos anulados, recursos y sentencias: la búsqueda constante de personas que no pusieran demasiadas pegas a las decisiones del Ejecutivo.
Los secretarios e interventores no están para aplaudir al presidente ni para firmar lo que les pongan delante. Su obligación es justo la contraria: decir "no" cuando una decisión no se ajusta a la ley, aunque esa negativa incomode al poder político. Sin embargo, la sensación que ha dejado la gestión de Juan Vivas es que esos puestos se han entendido como una pieza más del engranaje político, alguien que debía estampar la firma cuando hiciera falta y facilitar el camino, en lugar de ejercer el control que exige la legislación.
El problema es que la ley acaba poniendo a cada uno en su sitio. Las resoluciones judiciales y las decisiones publicadas en el BOE no solo han desmontado una forma de proceder; también han dejado al descubierto una estrategia que parecía perseguir disponer de firmantes a la carta antes que de funcionarios independientes. Porque un interventor incómodo puede frenar una decisión irregular. Uno dócil, en cambio, permite que todo siga adelante. Y ahí reside la enorme diferencia.
Lo más paradójico es que esa obsesión por controlar cada resorte de la Administración ha terminado provocando exactamente lo contrario de lo que se pretendía. Hoy Ceuta se encuentra sin los máximos responsables de velar por la legalidad y el control económico, con una gestión bloqueada y una imagen institucional profundamente deteriorada. Al final, las triquiñuelas para mantener el control absoluto no han fortalecido al Gobierno de Vivas; han debilitado a la propia Ciudad. Porque cuando se antepone la obediencia a la independencia, tarde o temprano acaba pasando factura. Y esa factura la terminan pagando todos los ceutíes.
