No hace falta ser experto en derecho administrativo para entender que, cuando una institución promete un camino, debe cumplirlo. Y en Ceuta, con las nuevas convocatorias de empleo público, algo chirría. Se acordó que las pruebas para acceder a categorías C1, C2 e inferiores serían tipo test, un formato que evita suspicacias y coloca a todos los aspirantes en la misma línea de salida. Sin embargo, en varias plazas recientes se ha optado por preguntas de desarrollo, justo lo contrario de lo aprobado.
No hace falta ser experto en derecho administrativo para entender que, cuando una institución promete un camino, debe cumplirlo. Y en Ceuta, con las nuevas convocatorias de empleo público, algo chirría. Se acordó que las pruebas para acceder a categorías C1, C2 e inferiores serían tipo test, un formato que evita suspicacias y coloca a todos los aspirantes en la misma línea de salida. Sin embargo, en varias plazas recientes se ha optado por preguntas de desarrollo, justo lo contrario de lo aprobado.
El problema no es solo técnico; es de confianza. Si se cambia el método sin justificación clara, el mensaje que recibe el ciudadano es que las reglas pueden moverse como piezas de ajedrez según convenga. Y eso, tratándose de empleo público, es veneno para la credibilidad del sistema.
Las convocatorias para operarios de mercado y auxiliares de enfermería son solo el ejemplo más reciente de esta incoherencia. ¿De qué sirve que el Pleno acuerde procedimientos más objetivos si luego se aplican otros que abren la puerta a interpretaciones subjetivas? Un examen de desarrollo puede ser perfectamente válido, sí, pero no cuando contradice un mandato aprobado y pensado precisamente para blindar la imparcialidad.
Por eso, lo razonable ahora sería rectificar. Ajustar las bases a lo pactado no es un capricho: es una obligación con los aspirantes y con la transparencia institucional. Y esa transparencia no es negociable, porque es la que sostiene la confianza del ciudadano en que su oportunidad es exactamente igual que la del resto.
