La propuesta del PP para blindar jurídicamente la actuación policial contra el narcotráfico pone el foco donde debería haber estado desde hace años: en la necesidad de respaldar sin complejos a quienes se juegan la vida frente a unas mafias cada vez más poderosas. El problema es que ninguna ley servirá de mucho mientras el Gobierno de Pedro Sánchez siga transmitiendo una imagen de debilidad política y diplomática que resulta imposible ignorar.
La propuesta del PP para blindar jurídicamente la actuación policial contra el narcotráfico pone el foco donde debería haber estado desde hace años: en la necesidad de respaldar sin complejos a quienes se juegan la vida frente a unas mafias cada vez más poderosas. El problema es que ninguna ley servirá de mucho mientras el Gobierno de Pedro Sánchez siga transmitiendo una imagen de debilidad política y diplomática que resulta imposible ignorar.
Desde el polémico cambio de postura sobre el Sáhara Occidental, el Ejecutivo socialista ha convertido la relación con Marruecos en un ejercicio permanente de cesiones. Cada crisis, cada conflicto y cada episodio de tensión parecen resolverse siempre en la misma dirección: la de los intereses de Rabat. Mientras tanto, España calla, agacha la cabeza y evita cualquier choque con el tirano de Mohamed VI, aunque eso implique asumir costes políticos y estratégicos difíciles de justificar ante los ciudadanos.
La sensación de sumisión es tan evidente que ya ni siquiera sorprende. Lo que debería ser una relación entre Estados soberanos se percibe cada vez más como una negociación desigual en la que una de las partes marca las condiciones y la otra se limita a aceptarlas. Y cuando esa percepción se instala en la opinión pública, el daño institucional es enorme. Porque un Gobierno puede equivocarse, pero no puede permitirse parecer incapaz de defender los intereses nacionales, pero claro, estamos hablando del gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno incapaz y que hace aguas por los cuatro costados.
Mohamed VI ha logrado consolidar una posición de influencia extraordinaria sobre la política española, mientras Sánchez parece más preocupado por preservar una relación cómoda con Rabat que por responder a las crecientes inquietudes de los españoles. Esa actitud no transmite prudencia ni inteligencia diplomática; transmite dependencia, inseguridad y una alarmante falta de firmeza.
Si España quiere combatir de verdad el narcotráfico, proteger sus fronteras y reforzar la autoridad del Estado, el primer paso no es aprobar más titulares ni más campañas de propaganda. El primer paso es recuperar la dignidad política perdida, esa dignidad política que Pedro Sánchez ha permitido que se pisotee y sea arrastrada por el barro. Porque ningún país puede enfrentarse con éxito a las mafias cuando quienes lo gobiernan proyectan la imagen de estar más pendientes de agradar a un régimen extranjero que de defender con determinación los intereses de su propia nación.
