Que casi seis de cada diez profesores en Ceuta y Melilla digan haber sufrido violencia en el aula no es un dato menor, es una señal de alarma. Y más aún cuando supera la ya preocupante media estatal. Insultos, amenazas y mofas se han convertido, para muchos docentes, en parte del paisaje diario, como si enseñar llevara implícito aguantar faltas de respeto.
Que casi seis de cada diez profesores en Ceuta y Melilla digan haber sufrido violencia en el aula no es un dato menor, es una señal de alarma. Y más aún cuando supera la ya preocupante media estatal. Insultos, amenazas y mofas se han convertido, para muchos docentes, en parte del paisaje diario, como si enseñar llevara implícito aguantar faltas de respeto.
No hablamos de casos aislados ni de “cosas de críos”. Cuando la violencia se normaliza, el aula deja de ser un espacio seguro para aprender y enseñar. El profesor pierde autoridad, el alumnado pierde referentes y el sistema educativo empieza a hacer aguas. Y todo esto pasa mientras miramos a otro lado o lo reducimos a simples problemas de disciplina.
También conviene decirlo claro: el docente no puede cargar solo con este problema. La educación empieza en casa, se refuerza en la escuela y se sostiene con normas claras y respaldo institucional. Si un profesor denuncia una agresión verbal o una amenaza, no puede sentirse solo ni desprotegido por la administración.
Defender al profesorado no es ir contra el alumnado, es apostar por una convivencia sana. Porque sin respeto no hay aprendizaje, y sin apoyo a quienes enseñan, la escuela se convierte en un campo de batalla silencioso. Y eso, como sociedad, no deberíamos permitirlo.
