Ceuta ya tenía suficientes problemas antes del 30 y 31 de julio como para que ahora tengamos que sumar uno más: la proliferación de obras presuntamente ilegales. La Asociación de Empresarios de la Construcción y la CECE han puesto el asunto encima de la mesa y han hecho lo que corresponde: pedir a la Ciudad y a la Delegación del Gobierno que comprueben qué está ocurriendo y actúen allí donde se demuestre que alguien está construyendo al margen de la legalidad.
Ceuta ya tenía suficientes problemas antes del 30 y 31 de julio como para que ahora tengamos que sumar uno más: la proliferación de obras presuntamente ilegales. La Asociación de Empresarios de la Construcción y la CECE han puesto el asunto encima de la mesa y han hecho lo que corresponde: pedir a la Ciudad y a la Delegación del Gobierno que comprueben qué está ocurriendo y actúen allí donde se demuestre que alguien está construyendo al margen de la legalidad.
Porque una crisis, por extraordinaria que sea, no puede convertirse en una especie de barra libre. Si para levantar, ampliar o modificar una construcción hacen falta permisos, licencias y controles, esas reglas deben ser las mismas para todos. Para el empresario que paga impuestos, contrata trabajadores, cumple con la normativa y espera meses por determinados trámites, pero también para cualquiera que decida coger cemento y ladrillos y ponerse manos a la obra.
La denuncia del sector merece, por tanto, una respuesta inmediata. No se trata de señalar a nadie sin pruebas ni de derribar mañana todo aquello que resulte sospechoso. Se trata de inspeccionar, comprobar y, cuando exista una irregularidad acreditada, aplicar la ley. Tan sencillo como eso. Mirar hacia otro lado solamente conseguiría alimentar una sensación muy peligrosa: que en Ceuta hay normas que unos deben cumplir escrupulosamente mientras otros pueden saltárselas.
Además, detrás de este asunto existe una cuestión de competencia empresarial. Quien trabaja legalmente soporta costes, obligaciones laborales, impuestos, proyectos técnicos y licencias. Permitir que puedan proliferar construcciones clandestinas supone perjudicar precisamente a quienes hacen las cosas bien. Y eso, en una ciudad cuya economía ya atraviesa suficientes dificultades, sería otro golpe completamente innecesario.
Ciudad y Delegación tienen ahora la palabra. Las dos administraciones deben coordinarse, inspeccionar cuanto antes y aclarar qué hay realmente detrás de las advertencias realizadas por los empresarios. Si las obras son legales, asunto resuelto. Y si no lo son, que se actúe con todas las garantías y con la misma ley para todos. Porque una situación excepcional puede exigir medidas excepcionales, pero nunca convertir Ceuta en un lugar donde cada uno haga lo que le dé la gana.