Ya está bien de mirar hacia otro lado. Los miles de inmigrantes que entraron irregularmente en Ceuta a finales de julio están en una ciudad con leyes y ordenanzas que tienen que cumplir exactamente igual que cualquier ceutí. La excepcionalidad de la crisis migratoria no puede convertirse en una patente de corso para ocupar espacios públicos, instalar campamentos donde está prohibido, ejercer la venta ambulante sin autorización, hacer fuego, cocinar en lugares no permitidos o incumplir las normas de higiene y convivencia. Si un ceutí lo hace, se le denuncia. Pues aquí debe ocurrir exactamente lo mismo.
Ya está bien de mirar hacia otro lado. Los miles de inmigrantes que entraron irregularmente en Ceuta a finales de julio están en una ciudad con leyes y ordenanzas que tienen que cumplir exactamente igual que cualquier ceutí. La excepcionalidad de la crisis migratoria no puede convertirse en una patente de corso para ocupar espacios públicos, instalar campamentos donde está prohibido, ejercer la venta ambulante sin autorización, hacer fuego, cocinar en lugares no permitidos o incumplir las normas de higiene y convivencia. Si un ceutí lo hace, se le denuncia. Pues aquí debe ocurrir exactamente lo mismo.
Los ceutíes llevan semanas pagando las consecuencias de una entrada masiva que ha trastocado su vida cotidiana, su seguridad y el uso normal de numerosos espacios de la ciudad. Y bastante han soportado ya como para que encima tengan que contemplar cómo determinadas ordenanzas parecen haber dejado de existir. Quien haya entrado ilegalmente en Ceuta no adquiere por ello ningún derecho a saltarse las normas. Al contrario: mientras permanezca aquí está obligado a respetarlas.
Y la Policía Local tiene una responsabilidad muy clara. No basta con aparecer, advertir y marcharse para comprobar al día siguiente que todo continúa igual. Cuando exista una infracción, hay que actuar conforme a la ley. Y si Sanidad detecta condiciones insalubres, que inspeccione, levante acta y adopte las medidas que correspondan. Lo intolerable es que la Administración conozca una situación irregular y permita que se eternice mientras al ciudadano que paga sus impuestos se le exige hasta la última coma de la ordenanza.
Tampoco puede solucionarse el problema empujando a estas personas de una playa a otra o de una barriada a otra. Si deben ser trasladadas a instalaciones habilitadas, que las administraciones determinen legalmente dónde y con qué condiciones. Y respecto de quienes no tengan derecho a permanecer en España, corresponde a las autoridades tramitar su situación y, cuando legalmente proceda, su retorno o expulsión. Lo que no puede hacerse es abandonar el problema en las calles de Ceuta y obligar a los ceutíes a convivir indefinidamente con las consecuencias de la incompetencia administrativa.
Ceuta no puede convertirse en una ciudad donde existan normas para unos y permisividad para otros. Ni inmigrante, ni turista, ni residente, ni nadie está por encima de las ordenanzas municipales. Solidaridad no significa impunidad, y humanidad no significa renunciar al orden. Quien esté en Ceuta tiene que respetar Ceuta. Y quien gobierna tiene la obligación de hacerlo cumplir.