Han pasado casi dos meses desde aquel 30 de julio y hay una pregunta que cada vez resulta más difícil de esquivar: ¿por qué las expulsiones avanzan con tanta lentitud? El propio Gobierno reconocía a mediados de septiembre 307 expulsiones, mientras miles de personas habían optado por regresar voluntariamente a Marruecos. Es evidente que cada expediente debe tramitarse con todas las garantías legales y que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero también resulta razonable preguntarse cuánto tiempo necesita el Estado para resolver una situación que nació como una emergencia.
Han pasado casi dos meses desde aquel 30 de julio y hay una pregunta que cada vez resulta más difícil de esquivar: ¿por qué las expulsiones avanzan con tanta lentitud? El propio Gobierno reconocía a mediados de septiembre 307 expulsiones, mientras miles de personas habían optado por regresar voluntariamente a Marruecos. Es evidente que cada expediente debe tramitarse con todas las garantías legales y que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero también resulta razonable preguntarse cuánto tiempo necesita el Estado para resolver una situación que nació como una emergencia.
Porque una cosa es respetar escrupulosamente la ley y otra convertir cada actuación en un proceso interminable. Interior ha reconocido incluso la necesidad de acelerar los procedimientos de retorno en situaciones de crisis migratoria. Si existen personas plenamente identificadas, sin derecho reconocido a permanecer en España y con una resolución de expulsión ejecutable, cuesta entender que no se organicen retornos de mayor entidad conforme se vayan cerrando los expedientes. Cien hoy, otros cien cuando corresponda y así sucesivamente, siempre dentro de la legalidad.
Además, el efecto de una política de retornos efectiva no se mide únicamente por las personas que son expulsadas. También transmite un mensaje sencillo: entrar irregularmente no significa conseguir automáticamente quedarse. De hecho, el Gobierno ya venía destacando que miles de personas habían regresado voluntariamente a Marruecos; Pedro Sánchez llegó a cifrar ese ritmo en torno a 200 al día a mediados de septiembre. Si quienes permanecen comprueban que los expedientes se resuelven y que, cuando legalmente corresponde, el retorno termina ejecutándose, algunos podrían concluir por sí mismos que prolongar su estancia en Ceuta no les ofrece la salida que esperaban.
Lo que no puede convertirse en solución permanente es abrir recursos, trasladar personas de una zona a otra y ganar semanas mientras Ceuta espera. Acoger temporalmente a quien lo necesita es una obligación; tramitar solicitudes de protección también. Pero resolver con rapidez quién tiene derecho a quedarse y quién debe regresar forma parte exactamente de la misma responsabilidad. La excepcionalidad no puede eternizarse detrás de montañas de expedientes.
Por eso la pregunta continúa encima de la mesa: ¿a qué esperan? No se trata de saltarse garantías ni de expulsar indiscriminadamente. Se trata precisamente de utilizar los mecanismos legales disponibles con agilidad y hacer cumplir las resoluciones cuando sean firmes y ejecutables. Ceuta necesita comprobar que el problema se está resolviendo, no simplemente administrando.