Es inadmisible que una infraestructura urbana básica, diseñada para garantizar la accesibilidad y la dignidad de los ciudadanos, se convierta en un símbolo de la dejadez pública. Hablamos del ascensor del Chorrillo, que ha acumulado días consecutivos averiado. Días en los que la administración local parece haber mirado hacia otro lado, demostrando una preocupante falta de previsión y de control sobre los servicios esenciales.
Es inadmisible que una infraestructura urbana básica, diseñada para garantizar la accesibilidad y la dignidad de los ciudadanos, se convierta en un símbolo de la dejadez pública. Hablamos del ascensor del Chorrillo, que ha acumulado días consecutivos averiado. Días en los que la administración local parece haber mirado hacia otro lado, demostrando una preocupante falta de previsión y de control sobre los servicios esenciales.
A quien corresponda: es hora de que se le caiga la cara de vergüenza. Resulta vergonzoso y tercermundista que en pleno siglo XXI una ciudad no cuente con una empresa de mantenimiento capaz de ofrecer soluciones inmediatas ante una avería de este calibre. ¿De qué sirve adjudicar contratos millonarios si a la hora de la verdad la respuesta es el silencio o la inacción?
Detrás de este fallo técnico no hay un simple contratiempo logístico; hay una alarmante falta de empatía. Quienes gestionan desde la comodidad de sus despachos olvidan que muchos vecinos —personas mayores, con movilidad reducida o familias con carritos— pagan religiosamente sus impuestos para recibir servicios a cambio. Cuando este ascensor se rompe, su derecho a pasar un día de playa se desvanece. No se trata de esperar un par de jornadas; se trata de ciudadanos que se ven obligados a dar la vuelta y regresar a sus casas porque sus piernas no pueden competir contra decenas de escaleras.
La accesibilidad no es un lujo ni un capricho político de foto de campaña; es un derecho fundamental. Urge una solución ya, y sobre todo, un contrato de mantenimiento digno y ágil. Dejen de aislar a los vecinos.
