El interventor continúa desarrollando una paupérrima gestión sin que esto sirva para que el Gobierno tome cartas en el asunto y corte de una vez por todas esta situación que está afectando a numerosas sociedades municipales y a algunas consejerías.
El interventor continúa desarrollando una paupérrima gestión sin que esto sirva para que el Gobierno tome cartas en el asunto y corte de una vez por todas esta situación que está afectando a numerosas sociedades municipales y a algunas consejerías.
En una era donde la comunicación fluye más rápida que nunca, es lamentable observar cómo la relación entre los ciudadanos y los políticos de Ceuta ha llegado a un punto de vergonzosa desconexión. Si bien es cierto que las llamadas y otros canales de comunicación pueden llegar a ser invasivos en ciertas circunstancias, no se puede justificar el silencio absoluto por parte de ciertos políticos, quienes han optado por ignorar a sus electores como si fueran una molestia insignificante.
Durante la pasada legislatura no nos cortamos en criticar la actitud chulesca y desafiante de los diputados de Vox, quienes prácticamente intentaban desestabilizar las sesiones plenarias a celebrar.
La política es un terreno en el que la transparencia y la honestidad deben ser pilares fundamentales para la toma de decisiones. Sin embargo, la consulta realizada por Pedro Sánchez a los militantes socialistas durante esta semana plantea interrogantes sobre si estos principios se han respetado en su totalidad. Al someter a votación el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y obtener el apoyo de otras formaciones políticas, Sánchez ha dejado entrever un preocupante ejemplo de engaño político.
La reciente sanción impuesta por la Inspección de Trabajo de Ceuta a la empresa Eulen Seguridad S.A. pone de manifiesto una vez más la necesidad de un escrutinio constante de las prácticas laborales de las empresas. Esta decisión se basa en una denuncia presentada por el sindicato FeSMC-UGT Ceuta, que alega que Eulen Seguridad S.A. no cumplió con la obligación de proporcionar los cuadrantes de trabajo a uno de sus empleados, en flagrante violación del Convenio Colectivo Estatal de empresas de Seguridad Privada.