Esto ya raya lo indecente. No puede ser que se mire para donde se mire salga algún presunto escándalo o huela mal. Ahora están involucrados en una investigación judicial Carreira, Hachuel y el propio Vivas, y esto lo único que viene a demostrar que son muchos los presuntos pufos que saltan a palestra y que supuestamente, vale que quizás no todos sean así, pero parece extraño o al menos preocupante que existan tantas presuntas irregularidades o ilegalidades.
Búscome denuncia que "la oficina del registro situada en Ceuta Center se ha visto desbordada tras estar la de Hadú cerrada por obras. Este desbordamiento ha coincidido por la apertura de la bolsa de trabajo de monitor educativo para el centro de menores. La Ciudad, - detalla la entidad, debe de prever este tipo de cuestiones y no tener al personal al borde del colapso y a los usuarios aguantando unas colas que no corresponden a lo normalmente permitido".
Ha sido el sindicato policial UFP el que ha salido, pero es un tema que se está hablando en toda la ciudad. ¿Qué le pasa a la justicia? De un tiempo a esta parte, ciertamente parece que han descendido los hechos delictivos, y esto ha podido producirse por varios factores, que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están haciendo muy bien su trabajo y por consiguiente, que los delincuentes se lo piensan cada vez más antes de delinquir.
Ayer nos enterábamos de que la familia del joven tetuaní asesinado el pasado mes de marzo en la ciudad a manos de cuatro MENA ha demandado a la Ciudad y le exige el pago de 900.000 euros a modo de indemnización por la pérdida, teniendo en cuenta que la Ciudad es la tutora legal de los cuatro presuntos autores de la muerte del joven marroquí.
El senador del PP por Ceuta, Guillermo Martínez Arcas, acudía este lunes a las dependencias judiciales para testificar ante el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta, en calidad de testigo, por un acuerdo del Consejo de Administración de Emvicesa del año 2009 en relación a unos pagos a la empresa Dragados por unas supuestas obras en el mercado de San José en la que no se cumplieron los requisitos exigidos para su contratación, y por el que se está investigando al ex diputado Francisco Márquez de la Rubia.
