Poca cosa de gravedad pasa en Ceuta para todo lo que podía suceder. Estos días está candente el tema de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, unas cuentas en las que los socialistas no han tenido muy buena memoria para con Ceuta, ya que -entre otras partidas- se les ha olvidado incluir la dotación de 2,4 millones de euros para el mantenimiento de parte de los gastos que los Menores Extranjeros No Acompañados ocasionan a la Administración local.
La Delegación del Gobierno ha reconocido que la subida del Salario Mínimo Interprofesional no se aplicará a los trabajadores del sector privado en Ceuta y Melilla, y esto es así porque les parecía mucho que los empresarios pagaran 1.125 euros al mes (900 SMI y 25 por ciento Plus de Residencia) a cada trabajador a jornada completa.
La Delegación del Gobierno, en el ejercicio de su mano dura para poner fin al caos en la frontera del Tarajal, se ha metido en un berenjenal para el que no estaba preparada. Y es que, aunque la responsable de la plaza de los Reyes tiene buenas intenciones al intentar dignificar las condiciones laborales de las empleadas del hogar de Marruecos que prestan sus servicios en Ceuta, ha metido la pata hasta el fondo con el follón que se está liando a la hora de tramitar los permisos de trabajo.
Hace unos días el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, entonaba el mea culpa en el conflicto de las horas extra de la Policía Local por no haber sabido establecer los canales de comunicación y haberse tenido que enterar por la prensa.
