Usuarios y parte de los monitores del Complejo Deportivo Guillermo Molina han expresado su rechazo al posible uso de instalaciones deportivas de Ceuta como espacios de alojamiento temporal para personas migrantes llegadas irregularmente desde Marruecos.
Usuarios y parte de los monitores del Complejo Deportivo Guillermo Molina han expresado su rechazo al posible uso de instalaciones deportivas de Ceuta como espacios de alojamiento temporal para personas migrantes llegadas irregularmente desde Marruecos.
En una nota remitida a este medio, advierten de que esta decisión puede provocar un nuevo aumento de la tensión social en una ciudad que lleva semanas soportando las consecuencias de una crisis migratoria que, sostienen, no ha sido generada por la ciudadanía.
Los firmantes recuerdan que los polideportivos y recintos deportivos cubiertos "no son espacios prescindibles" y que durante los próximos meses constituyen una de las principales alternativas disponibles para la práctica deportiva en condiciones adecuadas, especialmente cuando las circunstancias meteorológicas dificultan las actividades al aire libre.
En este sentido, destacan la importancia del deporte para la salud física y mental, la convivencia, la prevención y la calidad de vida de miles de niños, jóvenes, adultos y mayores de Ceuta. Consideran que cerrar o limitar el uso de estas instalaciones supondría trasladar nuevamente a los ciudadanos las consecuencias de la gestión de la crisis.
La nota defiende que la obligación de atender humanamente a las personas migrantes debe ser compatible con la protección de los servicios, derechos y espacios públicos de los ceutíes.
Los usuarios y monitores cuestionan que cada nueva necesidad derivada de la crisis termine resolviéndose mediante la reducción de servicios destinados a la población residente y reclaman al Gobierno de España que habilite instalaciones específicas y extraordinarias para atender la situación.
Para ello, solicitan que se utilicen los recursos económicos, logísticos y administrativos necesarios, sin convertir "progresivamente colegios, instalaciones deportivas, espacios públicos o servicios esenciales de Ceuta en la solución permanente a una emergencia migratoria que requiere una respuesta estatal y europea".
"La ciudadanía de Ceuta no debe pagar con la pérdida de sus servicios públicos las consecuencias de decisiones que no ha tomado", señalan.
Asimismo, piden al Gobierno que escuche el creciente malestar social y actúe antes de que la situación pueda derivar en una "confrontación innecesaria entre ciudadanos y personas migrantes".
Los firmantes insisten en que defender una atención digna a las personas migrantes y, al mismo tiempo, los derechos, servicios públicos, instalaciones deportivas y calidad de vida de los ceutíes no son objetivos incompatibles.
"Ceuta necesita soluciones extraordinarias para una situación extraordinaria", concluyen, aunque consideran que estas soluciones no pueden consistir "sistemáticamente en retirar espacios y servicios a sus propios ciudadanos".
