La Asociación Española de Consumidores (ASESCON) ha valorado el efecto del adelanto electoral sobre la actividad legislativa y ha señalado que la disolución de las Cortes Generales provoca que numerosas normas en tramitación decaigan. La organización considera positivo que algunas de ellas no sigan adelante, pero critica en otros casos la "lentitud y la desidia" del Ejecutivo a la hora de negociarlas y tramitarlas.
La Asociación Española de Consumidores (ASESCON) ha valorado el efecto del adelanto electoral sobre la actividad legislativa y ha señalado que la disolución de las Cortes Generales provoca que numerosas normas en tramitación decaigan. La organización considera positivo que algunas de ellas no sigan adelante, pero critica en otros casos la "lentitud y la desidia" del Ejecutivo a la hora de negociarlas y tramitarlas.
Entre las normas cuyo decaimiento valora positivamente se encuentra la Ley Antitabaco que se estaba tramitando. ASESCON ya había expresado sus discrepancias con el texto aprobado en el Consejo de Ministros, entre ellas por considerar insuficiente la regulación, inspección y sanción de los productos vendidos a menores de edad y comercializados a través de canales no oficiales.
La asociación también rechazaba la posibilidad de sancionar a los padres de menores consumidores de tabaco. Según ASESCON, el objetivo debería ser acabar con los canales de venta a menores y no asumir que estos productos puedan venderse para posteriormente imponer una multa a los progenitores. La organización asegura que algunos padres se habían puesto en contacto con sus canales de información para trasladar que podrían verse perjudicados al desconocer el consumo de tabaco por parte de sus hijos.
ASESCON considera asimismo necesario incrementar las campañas informativas sobre los perjuicios para la salud del consumo de tabaco, que, según señala, han contribuido a que muchos ciudadanos dejen de fumar o se pasen, como paso intermedio, a otros productos que considera "muchísimo menos perjudiciales", como el tabaco calentado mediante dispositivos electrónicos.
La asociación critica que el texto legislativo equiparase ambos modelos sin tener en cuenta esta cuestión, ya que, a su juicio, podría provocar que algunos consumidores regresasen al tabaco tradicional. También manifiesta su oposición a las prohibiciones de fumar en terrazas y otros espacios al aire libre.
Otra de las normas que decaerá con la convocatoria de elecciones es el Estatuto Marco Sanitario. ASESCON señala que se trata de una norma que no habría sido debidamente negociada con los profesionales sanitarios y considera que esta situación ha perjudicado al colectivo.
Ante esta situación, reclama al nuevo Ejecutivo que resulte de las urnas una labor de consenso y diálogo para evitar que vuelva a repetirse un escenario como el actual, que, según ASESCON, ha provocado la anulación de miles de citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas y ha agravado el problema de las listas de espera.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales también decaerán la Ley de Familias, que contemplaba una prestación universal por crianza prometida por el Gobierno, y la Ley de Servicios Sociales.
ASESCON incluye entre las normas cuya tramitación considera necesaria la Ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que considera necesaria para restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.
La organización también denuncia la falta de diligencia en la transposición de directivas europeas a la legislación española, un proceso que, a su juicio, se verá nuevamente paralizado por el adelanto electoral.
Entre los ejemplos que cita figura la Directiva 2024/1174, relativa a los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles para las entidades bancarias, cuyo plazo de incorporación a la legislación nacional venció en noviembre de 2024. ASESCON destaca que esta norma establece mecanismos para que, en caso de crisis de una entidad financiera, sean sus inversores y acreedores quienes asuman las pérdidas en lugar de los contribuyentes.
También menciona la Directiva 2022/2555, relativa a la ciberseguridad, cuyo plazo de transposición venció en octubre de 2024. Según ASESCON, esta normativa amplía de siete a 18 los sectores considerados críticos, entre ellos energía, transporte, salud y Administración pública.
La asociación señala que muchos de estos retrasos afectan al sector energético y también a la vivienda. A su juicio, esta situación perjudica la credibilidad de España en Europa y la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos, además de poder conllevar sanciones económicas que terminan siendo sufragadas mediante los impuestos.
Por último, ASESCON reclama que decaigan también los dos decretos leyes de vivienda que el Gobierno trata de aprobar en la Diputación Permanente. La asociación pide al PNV que vote en contra de estas normas y no posibilite su aprobación, alegando "responsabilidad, limpieza democrática y la falta de consenso" suscitada durante su tramitación.
ASESCON considera que deberá ser el nuevo Gobierno el que plantee nuevos textos, que espera que sean más debatidos y acordados con la sociedad. La asociación señala asimismo que espera que PP, VOX y JUNTS mantengan el voto en contra expresado en el último Pleno de la Legislatura.
