La recuperación de los polígonos comerciales de El Tarajal continúa envuelta en la incertidumbre después de que el Gobierno de la Ciudad haya descartado, al menos por ahora, una posible adquisición de las naves industriales como fórmula para reactivar una zona que permanece prácticamente paralizada desde el cierre de la actividad comercial fronteriza.
La recuperación de los polígonos comerciales de El Tarajal continúa envuelta en la incertidumbre después de que el Gobierno de la Ciudad haya descartado, al menos por ahora, una posible adquisición de las naves industriales como fórmula para reactivar una zona que permanece prácticamente paralizada desde el cierre de la actividad comercial fronteriza.
La consejera de Hacienda, Transformación Económica y Transición Digital, Kissy Chandiramani, explicó este jueves en el Pleno de la Asamblea que cualquier actuación sobre estos terrenos requiere necesariamente la participación de sus propietarios, al tratarse de espacios de titularidad privada. En este sentido, advirtió de que la Administración no puede intervenir de manera unilateral sobre unos bienes que pertenecen a particulares.
Durante su intervención, la responsable del área económica señaló que la Ciudad dispone ya de un informe detallado sobre la superficie de los polígonos y la titularidad de las distintas naves. Este documento ha sido remitido a la Delegación del Gobierno para que la Administración General del Estado valore posibles actuaciones futuras vinculadas a estos terrenos.
Chandiramani reveló además que representantes empresariales de la zona plantearon recientemente la posibilidad de que la Ciudad adquiriera las naves para impulsar una transformación integral del espacio. Sin embargo, calificó esa opción de inviable para las arcas municipales en las actuales circunstancias, aunque dejó abierta la puerta a que pudiera estudiarse en el futuro si el Estado aportara financiación específica para ello.
La consejera recordó asimismo que la normativa europea limita la utilización de determinados fondos para operaciones de compra de inmuebles, una circunstancia que dificulta aún más cualquier iniciativa encaminada a la adquisición pública del polígono.
Entre las alternativas que se analizan para estos terrenos figura también la posible reubicación de la zona de embolsamiento de vehículos actualmente situada en Loma Colmenar, una opción que el Ejecutivo local no descarta dentro de los distintos escenarios de reordenación que se estudian para el área fronteriza.
El debate llegó al Pleno a raíz de una interpelación de la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Fátima Hamed, quien denunció el progresivo deterioro de un enclave que durante años constituyó uno de los principales focos de actividad económica de la ciudad.
La diputada lamentó lo que definió como una “muerte lenta” de los polígonos de El Tarajal y reclamó una mayor implicación institucional para evitar que un espacio con una ubicación estratégica continúe degradándose. Hamed también pidió explicaciones sobre el proyecto de reconfiguración anunciado por el Gobierno central y cuestionó la demora en la adopción de medidas concretas para impulsar la recuperación económica de la zona.
El estado de los polígonos volvió a centrar el debate minutos después a instancias de Vox. Su portavoz, Juan Sergio Redondo, defendió la necesidad de actuar con urgencia para devolver la actividad a unos terrenos que, a su juicio, podrían convertirse en uno de los principales motores de desarrollo económico de Ceuta.
Redondo atribuyó la situación actual a la falta de iniciativas por parte del Gobierno central e incluso relacionó el deterioro del entorno con la aparición del túnel clandestino utilizado para el tráfico de drogas descubierto recientemente en la frontera. Según afirmó, el abandono prolongado de la zona ha favorecido situaciones derivadas de la falta de control sobre estos espacios.
En respuesta a estas críticas, Chandiramani reiteró que la posibilidad de una adquisición pública de las naves solo podría contemplarse si existiera una aportación económica extraordinaria por parte del Estado, insistiendo en que, sin esa financiación, cualquier proyecto de compra resulta actualmente inasumible para la Ciudad Autónoma.
