Ante las posibles acciones secesionistas por parte del gobierno de la comunidad autónoma catalana, Vox ha anunciado que ejercer políticas contrarias al Estado de Derecho supone un grave riesgo para el interés general, la libertad individual y la convivencia, por lo que insta a los representantes del Estado a ser implacables en forma y fondo ante este desafío.
Vox indica que velará para que el imperio de la ley y la soberanía nacional no sean objeto de mercadeo entre gobiernos ni entre partidos, ya que se trata de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento legal y nuestra convivencia.
Asimismo, el partido dice que llevará ante los tribunales, la fiscalía, el defensor del pueblo y cualquier otra institución pertinente toda acción política que vulnere los preceptos constitucionales contemplados en los primeros artículos de la Carta Magna, fundamentada en la indisoluble unidad de la Nación española, y en una soberanía nacional que "reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado" (art.1).
De igual forma, entiende que el mismo hecho de convocar un referéndum secesionista -o colaborar en su celebración- en los términos que está planteado, puede incurrir en tipos penales como los contemplados en los artículos 404, 410, 472, 473, 477, 544, 545 y 548, que se refieren a los delitos de prevaricación, rebelión y sedición. A este respecto, iniciaremos las acciones oportunas ante cualquier actuación personal o institucional que consideremos vulnere dichos artículos.
Y, finalmente, que la irresponsable actuación del gobierno de Artur Mas hace ya tiempo que atenta gravemente al interés general de España, y justifica una suspensión -al menos parcial- de la autonomía. Por tanto, se hace imprescindible la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución. No utilizar las herramientas necesarias para proteger la soberanía y el Estado de derecho, puede convertir al gobierno de la nación en corresponsable junto a los separatistas, añade VOX.
