· En el pleno del lunes van a pedir explicaciones sobre los procesos judiciales pendientes de la ciudad que se elevan a 50 millones de euros
· En el pleno del lunes van a pedir explicaciones sobre los procesos judiciales pendientes de la ciudad que se elevan a 50 millones de euros
Tras la polémica surgida en torno a los supuestos tratos de favor del consejero de Medio Ambiente a una empresa familiar con la recogida del cartón, Caballas va a solicitar una comisión de investigación para buscar las responsabilidades políticas y económicas que corresponda. "Se trata de una situación irregular y el Gobierno tiene la obligación moral y legal de aclarar, sin dejar dudas, qué ha pasado y qué pasará con el cartón porque las explicaciones de Castañeda de ayer fueron precarias. Si la actuación no ha sido legal pediremos las responsabilidades que correspondan", explica el portavoz de la coalición, Mohamed Ali.
De cara a la sesión plenaria del lunes, Caballas elevará dos propuestas. En primer lugar quieren saber cuáles son los procesos judiciales que actualmente tiene la ciudad. "Tras visitar los servicios jurídicos y áreas de intervención hemos descubierto la mala situación de las arcas públicas ya que hay reclamos de cantidad por vía judicial que alcanzan los 50 millones de euros como la última certificación de Urbaser por 3 millones de euros, el desdoblamiento del Paseo de las Palmeras, el campus con sus 4 millones de euros, la desaladora...", denuncia Ali, quien ha calificado de espeluznante esta situación motivada "por la mala gestión del Gobierno del PP".
Por otro lado, Caballas va a solicitar que se cree una comisión especial sobre contratación en el sector público y que los contratos de más de 6 millones de euros pasen por pleno para una mayor transparencia. También se va solicitar una mayor defensa de los derechos de los trabajadores en empresas privadas que desarrollen cualquier actividad en la ciudad. Y quieren hacerlo a través de la inclusión de una clausura en los pliegos de condiciones que garantice unas condiciones laborales dignas. Y es que para el número dos de la coalición, Juan Luis Arostegui, tras la reforma laboral de 2012 las empresas privadas pueden precarizar las condiciones laborales de sus trabajadores para conseguir hacerse con un concurso público "y esto no se puede permitir".
