El Gobierno de Ceuta ha registrado 143 denuncias por obras ilegales durante septiembre, frente a una media aproximada de 200 expedientes anuales de disciplina urbanística desde octubre de 2019. El consejero de Urbanismo, Rafael Martínez Peñalver, ha reconocido en el Pleno que la plantilla encargada de estas tareas es "plenamente insuficiente" y ha anunciado que espera incorporar un arquitecto, un arquitecto técnico y personal jurídico antes de final de año para agilizar la tramitación de los expedientes.
El Gobierno de Ceuta ha registrado 143 denuncias por obras ilegales durante septiembre, frente a una media aproximada de 200 expedientes anuales de disciplina urbanística desde octubre de 2019. El consejero de Urbanismo, Rafael Martínez Peñalver, ha reconocido en el Pleno que la plantilla encargada de estas tareas es "plenamente insuficiente" y ha anunciado que espera incorporar un arquitecto, un arquitecto técnico y personal jurídico antes de final de año para agilizar la tramitación de los expedientes.
La cuestión ha sido planteada mediante una interpelación por el Grupo Parlamentario Vox, que ha denunciado un incremento de las construcciones ilegales tras la crisis migratoria del pasado mes de julio y ha reclamado información sobre las inspecciones, los expedientes sancionadores, las órdenes de paralización y las demoliciones realizadas, además de medidas para combatir la competencia desleal que sufren las empresas y los autónomos que cumplen con sus obligaciones.
La diputada de Vox Yolanda Merelo ha señalado que las construcciones al margen de la normativa permiten ofrecer precios inferiores al no asumir los costes de licencias, tributos, cotizaciones sociales, salarios, prevención de riesgos laborales y dirección técnica. A su juicio, esta situación perjudica al tejido empresarial local, favorece la economía sumergida y puede poner en riesgo tanto a los trabajadores como a los residentes en los edificios afectados.
Peñalver ha reconocido la existencia del problema y ha coincidido en que las obras ilegales no constituyen únicamente una infracción urbanística, sino que también pueden provocar situaciones de competencia desleal y riesgos para quienes trabajan en ellas, las personas que las ocupan y los vecinos de los inmuebles colindantes.
El consejero ha precisado que desde octubre de 2019 se han registrado alrededor de 850 expedientes de disciplina urbanística, lo que supone una media aproximada de 200 al año. Sin embargo, solo durante septiembre se formularon 143 denuncias, una cifra que ha utilizado para ilustrar el aumento de la presión sobre los servicios municipales en las últimas semanas. Según ha explicado, aproximadamente la mitad de los expedientes se inicia de oficio por la Administración y la otra mitad a raíz de denuncias vecinales.
Un procedimiento más rápido para las obras en ejecución
El responsable de Urbanismo ha explicado que la Policía Local, a través del Grupo Operativo Administrativo (OAS), desarrolla labores de vigilancia y detección de construcciones que pueden incumplir la normativa. Aunque no existe un protocolo escrito específico, sí hay una relación continua entre la Policía Local y los servicios urbanísticos, que han establecido una forma de actuación conjunta para intervenir sobre las obras que se están ejecutando.
El procedimiento consiste en que los agentes detectan una construcción irregular y trasladan la información a Urbanismo, donde se prepara un informe técnico y el correspondiente decreto de demolición. La documentación se remite a Obimace y a la Policía Local para ejecutar la demolición, en ocasiones en uno o dos días, según ha detallado el consejero.
Este sistema se está aplicando especialmente a añadidos y ampliaciones de construcciones ya existentes. La principal ventaja, ha explicado Peñalver, es poder actuar mientras la obra continúa en ejecución y todavía es posible demolerla con los medios municipales disponibles.
El problema se complica cuando la construcción ya está terminada y consolidada, puesto que, según el consejero, el procedimiento puede requerir la intervención judicial y prolongarse considerablemente. Peñalver ha criticado que la legislación dificulte la respuesta administrativa una vez que la obra ilegal se ha consolidado.
El consejero ha añadido que, gracias al procedimiento anunciado por el Gobierno local el pasado 24 de septiembre, se han demolido ya 14 obras. Ha asegurado que las inspecciones continuarán y ha advertido de que cualquier construcción ilegal que se encuentre actualmente en ejecución será perseguida y demolida si se consigue intervenir a tiempo. En los casos en que la obra ya esté consolidada, se iniciará el expediente correspondiente.
Más personal antes de final de año
En cuanto a los recursos disponibles, Peñalver ha admitido que la plantilla actual no es suficiente para afrontar el volumen de infracciones detectadas. Según ha indicado, en julio y agosto de 2025 ya se había solicitado ampliar el personal y la petición volvió a plantearse en septiembre de este año, ante el aumento de las construcciones ilegales.
La previsión del Gobierno es disponer antes de final de año de un arquitecto, un arquitecto técnico y personal jurídico que permita tramitar los expedientes con mayor agilidad. El consejero se ha mostrado cauto respecto a los plazos, aunque ha señalado que ese es el objetivo de la Administración.
Vox también ha reclamado información sobre la existencia de mecanismos de coordinación con la Delegación del Gobierno, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para combatir las infracciones urbanísticas y la economía sumergida en el sector de la construcción.
Sobre esta cuestión, Peñalver ha reconocido que actualmente no existe un protocolo específico que reúna a todas estas administraciones. Ha señalado que sí hay colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de actuaciones con el Seprona, pero ha considerado conveniente estudiar una coordinación más amplia que permita abordar también posibles irregularidades laborales, problemas de seguridad en las obras y pagos fuera del circuito legal.
La diputada de Vox ha cuestionado que las medidas anunciadas por el Gobierno vayan a resolver una situación que, según ha denunciado, se arrastra desde hace décadas. También ha recordado que el Plan General de Ordenación Urbana ya recogía 779 viviendas fuera de la normativa antes de la crisis migratoria y ha criticado que el anuncio municipal sobre las demoliciones no se corresponda, a su juicio, con la realidad que se observa en determinadas barriadas.
En su respuesta, Peñalver ha rechazado el tono triunfalista que Vox atribuye a la información difundida por el Gobierno, aunque ha defendido que su publicación pretendía dar a conocer el procedimiento y disuadir a quienes estuvieran pensando en ejecutar obras sin autorización. El consejero ha insistido en que las actuaciones continuarán y ha asegurado que el objetivo es impedir que las construcciones ilegales puedan terminarse sin consecuencias.
