Mientras PSOE, Caballas, MdyC y Ciudadanos tachan la medida de “dictatorial” para García León seguir de momento con la misma sería “imprudente y temerario”
El Grupo Parlamentario Popular ha decidido suspender, de forma temporal, la Comisión de Investigación creada por el caso de las 317 VPO de Loma Colmenar, y así se lo ha hecho saber hoy a los diferentes grupos parlamentarios de la oposición, algo que no ha gustado a sus dirigentes que tras el pleno celebrado han realizado una comparecencia conjunta para criticar y denunciar dicha decisión adoptada de una forma que han catalogado de “dictatorial”.
Fátima Hamed de MDyC, Nuria Miaja del PSOE, Javier Varga de Ciudadanos y Mohamed Haidor de Caballas, han mostrado uno por uno su crispación por la decisión adoptada por el PP.
Para Hamed esta postura del PP “no es más que un alarde del oscurantismo, de la poca transparencia y de lo poco que se cree en esta institución, además de ser una total falta de respeto a los grupos parlamentarios y por tanto a todos los ciudadanos a los que representamos”.
Por su parte, la diputada socialista Nuria Miaja, ha tachado de “fraude institucional como la compa de un pino” la decisión del Gobierno, el cual “lejos de querer arrojar luz a esta actuación, ni siquiera disimula para que esta comisión parezca al menos seria”, incurriendo, según la socialista en una “falta de respeto absoluta a la ciudadanía”.
Para Javier Varga, diputado de Ciudadanos, el PP con esta postura evidencia que “no quiere ir más allá de cualquier exigencia penal que pueda derivarse de las actuaciones judiciales”.
Mientras que el representante de Caballas, Mohamed Haidor, ha exigido al PP la máxima transparencia en este asunto.
El consejero de Fomento, Néstor García León, ha salido seguidamente para aclarar la postura del Grupo Popular, y ha aclarado que existe un secreto de sumario y que por consiguiente al Grupo Popular le parece “totalmente imprudente e incluso temerario, el realizar cualquier acción de declaraciones simultáneas con las del juzgado, puesto que consideramos que eso podría suponer una inteferencia en la independencia de los juzgados y los jueces”.
García León ha asegurado que “el Gobierno siempre está dispuesto a depurar cualquier tipo de responsabilidad pero hay que esperar lo que suceda de las resoluciones que haya en el término judicial y en consecuencia del contenido de las mismas actuaremos para depurar esa responsabilidad a nivel político, que entiendo que tienen que darse, pero no a priori con el fin de no meter la pata, sino a expensas de lo que digan los jueces al respecto”.
