Opinión
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Lo de la invasión de mayo, sino fuera por sus dramáticas consecuencias para el futuro de Ceuta, empieza a parecerse cada vez más a un sainete cuajado de humor negro. Las peripecias de nuestras autoridades, locales y nacionales, para tratar de devolver a Marruecos a los cientos de súbditos menores de edad que su Gobierno empujó a nuestras costas con la intención de colapsar definitivamente nuestra ya de por sí atribulada ciudad, moverían a la risa si no fuese porque su fracaso es el de todos y trasmite un mensaje devastador para la seguridad y la confianza.

Desde el Ministerio del Interior, con su titular superando claramente la actuación del gran Michael Palin como Pilatos en “La Vida de Bryan”, creyeron que la vía de los hechos consumados facilitaba saltarse la absurda normativa de extranjería; al fin y al cabo, eso fue lo que hicieron en uno de los primeros asaltos masivos que le tocó lidiar al actual Gobierno de España en agosto de 2018, retornando no ya en caliente, sino en ultracongelado (a las 48 horas y después de haber pasado por el CETI) a más de cien subsaharianos, apelando a un Tratado de 1992 que nunca se había aplicado.

Pero en el caso actual el requisito de Marruecos de limitar el retorno a un máximo de 15 diarios impidió esa vía de los hechos, dando tiempo a las organizaciones que viven de su supuesto interés por los menores para entablar las correspondientes acciones judiciales, que finalizaron con la paralización de las devoluciones. Pero, más allá del bochorno y vergüenza ajena que causa la actitud hipócrita de unos responsables políticos intentando saltarse una normativa que defienden de boquilla, pero en la que en realidad no creen, no deberíamos centrar nuestra atención en el dedo que apunta a la Luna, sino en la Luna misma: la decisión judicial no es consecuencia de una interpretación “garantista” de la ley, sino que es consecuencia de su literalidad.

La normativa española de extranjería, combinada con la de protección del menor, conduce ineludiblemente a que España se haga cargo de cualquier menor que aparezca dentro de nuestras fronteras. Esto, que probablemente no llegue a tener mucho impacto en, digamos, Albacete, es letal en una frontera exterior con países menos desarrollados como la de España con Marruecos en Ceuta. Si uno lee con atención la citada normativa llega rápidamente a dos conclusiones: primera, que el procedimiento, cuya instrucción corresponde a la Delegación del Gobierno, es tan extraordinariamente enrevesado que en la práctica es casi imposible que acabe en el retorno del menor; y segundo, que la Ciudad Autónoma debe asumir obligatoriamente la tutela del menor, a pesar de que sus recursos deberían estar destinados a atender a los menores ceutíes con problemas, no a los de terceros países, cuyo número puede en nuestro caso tender al infinito, con Marruecos como vecino y una frontera absolutamente permeable.

Pensemos además que si, para aliviar el problema de Ceuta, se decide como alternativa al retorno la centrifugación de los menores por otras Comunidades Autónomas, más allá del requisito previo de contar con el visto bueno de éstas, que se produce con cuentagotas, en realidad estamos colaborando con Marruecos en su estrategia, ya que, por una parte, se consolida la teledirigida entrada ilegal y, por otra, se reafirma la idea de Ceuta como problema para España, que se resolvería con su entrega: muerto el perro, se acabó la rabia.

Así pues, el problema de fondo es la infantil (nunca mejor dicho) y buenista normativa de inmigración con que nos hemos dotado, fruto de la dominación ideológica por la izquierda de la sociedad española en particular y europea en general. Porque, y después del 17 de mayo ya no estamos hablando hipotéticamente sino de una incontestable realidad, ¿qué sucedería si, en vez de 12.000 personas, menores incluidos, Marruecos decidiera meternos 30.000 o más? ¿Y si entre ellos hubiera 15.000 menores, lo cual no sería muy difícil atendiendo a la pirámide poblacional del país vecino? ¿Tramitaría la Delegación del Gobierno 15.000 expedientes, que acabarían en nada cuando el menor se negara a volver? ¿Se haría cargo la Ciudad de su tutela? ¿Se crearían 15.000 plazas escolares de la noche a la mañana? ¿Se enviarían a la Península? ¿Acabaría España siendo el colegio de Marruecos o de toda África? Esta es exactamente la situación a la que nos enfrentamos, consecuencia de la imposición ideológica de quienes piensan que las fronteras son “perversas” y que la inmigración es un “derecho”, y que en el fondo suspiran por provocar el colapso de nuestra civilización, para acabar igualándonos a todos en la miseria.

Confundir inmigración legal y ordenada, ciertamente necesaria dado el suicidio demográfico de España, con una invasión programada y deliberada, nos lleva a la España actual, que pretende defender sus fronteras, en vez de repeliendo a quienes intenten cruzarlas a la fuerza, dejándoles entrar y abriéndoles un expediente administrativo a posteriori. Estupidez que no superaría ni siquiera “Rufus T. Firefly” en “Sopa de Ganso”. Un Estado tiene derecho, en el supuesto de que considere necesaria la inmigración, a determinar cómo, cuántos y quiénes pueden ser admitidos. Lo demás es demagogia, infantilismo e ideología corrosiva. Y el recurso al supuesto “interés superior del menor” lleva a conclusiones tan estrambóticas como decidir que es mejor que estén tirados por nuestras calles a que vuelvan a su país con sus familias o bajo la tutela de su Estado.

Hay que modificar cuanto antes la normativa de extranjería y de protección de menores para contemplar estas entradas masivas, estableciendo un procedimiento de retorno inmediato al país de origen. Al tratarse de una norma que afecta a derechos fundamentales no se puede recurrir al instrumento del Decreto-Ley, pero un consenso entre los partidos mayoritarios permitiría su tramitación de urgencia en un tiempo razonable. Que no digan que no se puede: en un mes se modificó el artículo 135 de la Constitución en 2011 para introducir el principio de estabilidad presupuestaria. Lo verdaderamente difícil será sobreponerse a la demagogia izquierdista. Pero, como ya dejó claro el maestro taurino Rafael Guerra “Guerrita”, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Pues eso. Y ya otro día hablamos de los mayores, para no juntar todas las penas a la vez.

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Ceuta, Sábado 23 de Octubre del 2021

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