La invasión de Ceuta tuvo su proveedor

Hay detalles que, por su aparente intrascendencia, pasan desapercibidos en el relato de una crisis. Y hay detalles que, cuando se analizan con rigor, revelan la existencia de una logística planificada, de una preparación meticulosa y de una cadena de suministro que ninguna operación espontánea podría haber articulado. La invasión de Ceuta tuvo su proveedor.

Un informe del analista de inteligencia, seguridad y terrorismo internacional José María Gil Garre, codirector del International Security Observatory, ha establecido, según ha dado a conocer El Español, que el noventa por ciento de los flotadores y aletas que utilizaron los migrantes durante la entrada masiva del 30 y 31 de julio salieron de la misma empresa alemana, fueron distribuidos a través de la misma plataforma de comercio electrónico y se concentraron en el mismo lugar: Castillejos, la localidad marroquí fronteriza con Ceuta. Esa homogeneidad en el material, esa coincidencia en la marca, ese modelo idéntico repetido en más de ciento cincuenta fotografías, no puede ser fruto de la casualidad. Detrás de esa uniformidad hay alguien que compró, almacenó y distribuyó los elementos de flotabilidad con semanas de antelación. Y ese alguien, hasta la fecha, no ha sido identificado.

La investigación de Gil Garre comenzó con una fotografía. En ella aparece un joven de unos treinta años, arrodillado sobre las piedras de la playa del Tarajal, con la mirada hacia el cielo y los dedos índices levantados. A su alrededor se acumulan zapatillas, chanclas, prendas de ropa y flotadores todavía inflados. Lo que captó la atención del experto fue la repetición de un mismo diseño entre los flotadores abandonados: aros negros con dibujos blancos que imitan neumáticos, repartidos por la orilla y junto al protagonista de la fotografía. Gil Garre revisó entonces más de ciento cincuenta fotografías tomadas el 30 y el 31 de julio, en las que también aparecen aletas y trajes de neopreno. El objetivo era comprobar si aquella coincidencia se repetía. Y se repetía. En todas las imágenes el patrón era el mismo. El modelo de los elementos de flotabilidad también era el mismo. Esa homogeneidad, que a simple vista podría parecer un detalle sin importancia, constituye en realidad una prueba documental de primer orden.

La marca de esos elementos es Bestway, y el modelo más comprado fue el Mud Master, con referencia 36016. Su diámetro es de noventa y un centímetros deshinchado y ochenta y un centímetros hinchado, con una capacidad de resistencia de hasta cien kilos. En los catálogos oficiales, los precios de los flotadores se sitúan entre los cinco y los siete euros. Uno de los canales por los cuales fueron comprados, según la investigación, es el portal Jumia.ma, una plataforma de comercio electrónico cuya base está en Berlín y cuyos principales accionistas son Axian Telecom, Pleasant Lake Partners y Pernod Ricard Deutschland. En la investigación realizada por Gil Garre no se identificaron participantes de origen marroquí en la matriz, pero en el lanzamiento de la operación sí hubo socios locales, aunque actualmente no tienen una presencia relevante. Es decir, la plataforma de venta es una empresa alemana, con accionistas internacionales, que vendió los flotadores a un comprador o a varios compradores que, a su vez, los distribuyeron en Castillejos y sus alrededores. La investigación no culpa a la plataforma ni al fabricante. Ellos simplemente respondieron ante un aumento de la demanda de sus productos. Lo que sería interesante saber, señala Gil Garre, es quién o quiénes compraron esa cantidad de elementos de flotabilidad. Con ello habría muchas respuestas.

La clave está en el momento de la compra. Gil Garre asegura que el material se adquirió faltando varias semanas para que ocurriera la entrada masiva. Es decir, hubo señales con antelación para poder determinar que esto estaba sucediendo. Y una de las mayores era que el stock de ese tipo de objetos estaba casi agotado. El flotador Bestway Mud Master estaba casi agotado semanas antes del asalto a la frontera. Ese dato, que en circunstancias normales podría pasar desapercibido, es en realidad un indicio poderoso. Alguien compró cientos, quizás miles, de flotadores del mismo modelo en un periodo muy corto de tiempo. Alguien vació el stock de una plataforma de comercio electrónico. Alguien distribuyó ese material en Castillejos, la localidad desde la que partieron los migrantes hacia la frontera. Y ese alguien, insiste Gil Garre, no ha sido identificado. No sabemos quién compró esa cantidad de elementos de flotabilidad. Lo que sí se tiene claro es que lo hizo faltando varias semanas para que esto ocurriera.

La homogeneidad del material también revela otra circunstancia inquietante. Cuando se anunció la supuesta nueva entrada del 23 de septiembre, que coincidía con las elecciones legislativas en Marruecos, esos mismos elementos se agotaron de nuevo. Es decir, alguien volvió a comprar flotadores del mismo modelo, en la misma plataforma, con la misma finalidad. La convocatoria no se ejecutó, pero la preparación logística se repitió. Eso indica que la operación del 30 de julio no fue un episodio aislado, sino parte de un proceso que sigue activo. Y que quienes lo organizan tienen capacidad de movilizar recursos, de comprar material, de almacenarlo y de distribuirlo en el lugar y en el momento adecuados. Esa capacidad logística, que ninguna organización criminal de las conocidas en la zona posee, según el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, apunta a una estructura con recursos, con planificación y con contactos en el terreno.

La distribución del material se produjo en Castillejos y alrededores. Gil Garre asegura que no todas las personas hicieron la compra en Jumia.ma y que, en algunos casos, los flotadores llegaron a tiendas locales donde fueron adquiridos. Es decir, hubo una red de distribución que abarcó tanto el comercio electrónico como el comercio minorista tradicional. Y esa red funcionó con suficiente antelación y suficiente eficacia como para que decenas de miles de personas pudieran disponer de elementos de flotabilidad en el momento de cruzar la frontera. Sin esa logística, sin esa preparación, la entrada masiva habría sido muy diferente. Los migrantes no habrían podido lanzarse al mar con la relativa seguridad que proporcionaban los flotadores. Muchos más habrían muerto. Y la operación, probablemente, habría fracasado. El proveedor de la invasión, por tanto, no es un actor secundario. Es una pieza esencial del engranaje.

El informe de Gil Garre también subraya el papel de la sentencia del Tribunal Supremo como detonante del fenómeno. Desde el 8 de julio, cuando los medios dan a conocer la sentencia, el fenómeno harraga se intensifica porque se da el mensaje de que si entras por el mar, ya no te pueden echar de España. Esa interpretación, que Gil Garre califica de retorcidísima, fue utilizada por los organizadores de la entrada masiva para alimentar la movilización. Pero la sentencia, por sí sola, no explica la existencia de miles de flotadores idénticos distribuidos en Castillejos. La sentencia explica el efecto llamada. Los flotadores explican la logística. Y la logística, en una operación de esta magnitud, es la prueba de la planificación.

El informe concluye con una pregunta que debería ser respondida por la Audiencia Nacional. Marruecos tuvo señales que decidió ignorar, y por parte de España hubo un fallo sistémico. Si el Estado disponía de información a mediados de junio con las primeras señales de la entrada masiva, ¿por qué eso no se tradujo en decisiones y en qué eslabón de la cadena se produjo la ruptura? Esa pregunta, formulada por un analista de inteligencia, resume el doble fracaso que hizo posible la invasión. El fracaso de Marruecos, que ignoró las señales de lo que se estaba preparando en su propio territorio. Y el fracaso de España, que disponía de información y no actuó. La invasión de Ceuta tuvo su proveedor. Y tuvo, también, sus responsables. Identificar al primero es una tarea de investigación. Identificar a los segundos es una tarea de justicia. Ambas están pendientes. Y mientras no se completen, la impunidad seguirá siendo la única respuesta a la pregunta de quién compró los flotadores.