El Gobierno de Ceuta ha perdido la paciencia. Después de más de un mes de silencio, de dilaciones y de promesas incumplidas, el Ejecutivo de Juan Vivas ha acordado requerir formalmente a la Administración General del Estado para que resuelva los expedientes pendientes de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. El plazo concedido es de un mes, improrrogable.
El Gobierno de Ceuta ha perdido la paciencia. Después de más de un mes de silencio, de dilaciones y de promesas incumplidas, el Ejecutivo de Juan Vivas ha acordado requerir formalmente a la Administración General del Estado para que resuelva los expedientes pendientes de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. El plazo concedido es de un mes, improrrogable.
Y el requerimiento no es un simple recordatorio: es el paso previo, legalmente obligatorio, para interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno central si este no atiende las exigencias planteadas. Ceuta ha decidido pasar de las palabras a los hechos, y ha activado el mecanismo que el artículo 44 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa reserva a los litigios entre Administraciones públicas.
El requerimiento afecta a unos diez mil migrantes procedentes de Marruecos que, según la información aportada por el Gobierno ceutí, permanecen en la ciudad después de aquellas entradas irregulares. La cifra, que coincide con las estimaciones del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, revela la magnitud del problema: un mes después de la crisis, una masa de personas equivalente al quince por ciento de la población de Ceuta sigue en la ciudad autónoma, sin que la Administración General del Estado haya resuelto sus expedientes ni haya ejecutado las expulsiones que correspondan. Ceuta exige que, en el plazo de un mes, se dicte y notifique una resolución en cada expediente de expulsión, devolución o retorno; que se ejecute la salida efectiva del territorio nacional cuando corresponda; y que se tramiten las solicitudes de protección internacional. Además, reclama que el Estado le remita una relación actualizada con la situación en la que se encuentra la tramitación de cada uno de esos expedientes, algo que, según el Ejecutivo ceutí, no ha recibido hasta la fecha.
El Gobierno de Ceuta denuncia la inactividad del Ejecutivo central y recuerda que la gestión de los procedimientos de extranjería, inmigración, asilo y seguridad pública corresponde en exclusiva a la Administración General del Estado. Esa afirmación no es una opinión política, sino una obviedad competencial: Ceuta no tiene transferidas las competencias de extranjería, de modo que no puede resolver los expedientes, ni ejecutar las expulsiones, ni tramitar las solicitudes de asilo. Todo eso depende del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Estado de Seguridad. El Gobierno ceutí sostiene que, transcurrido más de un mes desde la entrada masiva, existen numerosos procedimientos que no se han resuelto y, en una cantidad relevante de casos, ni siquiera se habrían iniciado. Esa acusación, formulada por escrito y con el respaldo del Consejo de Gobierno, constituye una de las críticas más duras que una institución pública ha dirigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez desde el inicio de la crisis.
Los datos disponibles confirman la lentitud de la respuesta estatal. Hasta la fecha, se han realizado mil ochocientos veintidós triajes, se contabilizan cinco mil cuatrocientos ochenta y dos retornos voluntarios y solo trescientas siete expulsiones. Es decir, de los aproximadamente diez mil migrantes que permanecen en Ceuta, menos de un tercio ha sido sometido a un proceso de identificación completo, y solo un tres por ciento ha sido expulsado. El resto, o ha retornado voluntariamente a Marruecos, o sigue en la ciudad a la espera de que su expediente se resuelva. Esa proporción revela que el sistema de gestión de la inmigración irregular está funcionando a un ritmo muy inferior al que la situación exige. Si se mantiene esa cadencia, la resolución de todos los expedientes podría prolongarse durante meses, y la ejecución de las expulsiones, incluso más.
El Ministerio del Interior ha anunciado la creación de dos Centros de Atención Temporal de Extranjeros permanentes en Ceuta y Melilla, con capacidad para ochocientas personas cada uno, destinados principalmente a tareas de identificación y triaje. La medida, que se presenta como una solución estructural, llega sin embargo con un retraso considerable y no resuelve el problema de fondo: la falta de personal y de medios para tramitar los expedientes y ejecutar las expulsiones. Un centro de internamiento sin agentes suficientes para identificar a los migrantes, sin intérpretes para entrevistarlos, sin personal administrativo para tramitar sus expedientes y sin jueces para autorizar las devoluciones es una infraestructura vacía. La creación de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros puede ser necesaria, pero no es suficiente. Ceuta lo sabe, y por eso su requerimiento no se limita a las devoluciones.
El Gobierno ceutí exige que, dentro del mismo plazo de un mes, el Estado aporte los medios humanos y materiales necesarios para acelerar los procedimientos y reforzar la seguridad. En concreto, reclama aumentar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los recursos de los servicios de extranjería y asilo y del resto de organismos estatales implicados. El Ejecutivo ceutí sostiene que los recursos disponibles son manifiestamente insuficientes y vincula esa insuficiencia con el hacinamiento de los dispositivos de acogida y la presión sobre la ciudad. Esa reclamación conecta con una de las denuncias más repetidas por los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles desde el mismo 30 de julio: la falta de efectivos, de medios y de protocolos de actuación ha convertido la gestión de la crisis en una tarea imposible para quienes están sobre el terreno.
El requerimiento de Ceuta tiene una dimensión jurídica que conviene subrayar. El artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece que, en los litigios entre Administraciones públicas, no cabe interponer recurso en vía administrativa, pero sí requerir previamente a la otra Administración para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. El requerimiento debe dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado, y se entiende rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contesta. Ese es exactamente el plazo que Ceuta ha fijado. Si el Gobierno central no responde en un mes, el silencio equivaldrá a un rechazo, y Ceuta quedará habilitada para acudir a los tribunales. La vía judicial, por tanto, no es una amenaza retórica: es la consecuencia legal de la inactividad del Ejecutivo.
La decisión de Ceuta de requerir formalmente al Gobierno central es, además, un acto de coherencia institucional. La ciudad autónoma no puede resolver los expedientes, pero sí puede exigir que quien tiene la competencia lo haga. No puede expulsar a los migrantes, pero sí puede reclamar que quien tiene la potestad de hacerlo la ejerza. No puede tramitar las solicitudes de asilo, pero sí puede denunciar que quien tiene la obligación de tramitarlas no lo está haciendo. El requerimiento, en ese sentido, es una herramienta de defensa de los intereses de los ceutíes y, al mismo tiempo, una llamada de atención sobre la dejación de funciones del Gobierno central. Ceuta no pide nada que no le corresponda por ley. Pide que el Estado cumpla con sus obligaciones.
El Gobierno central, sin embargo, no ha dado señales de estar dispuesto a acelerar. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que la situación está bajo control y en que los procedimientos se están tramitando conforme a la ley. Pero los datos desmienten esa versión: mil ochocientos veintidós triajes, cinco mil cuatrocientos ochenta y dos retornos voluntarios y trescientas siete expulsiones en más de un mes son cifras que hablan por sí solas. El ritmo de tramitación es insuficiente, y la capacidad de ejecución es prácticamente nula. El propio Gobierno ha admitido que la crisis puede extenderse hasta finales de año, lo que equivale a reconocer que no tiene un plan para resolverla a corto plazo. Ceuta, mientras tanto, sigue soportando las consecuencias de una crisis que no provocó y que no tiene competencias para gestionar.
El requerimiento de Ceuta es también un mensaje a la opinión pública. La ciudad autónoma quiere dejar constancia de que ha hecho todo lo que estaba en su mano para que la situación se resuelva, y de que el responsable de la demora es el Gobierno central. Si finalmente hay que acudir a los tribunales, Ceuta podrá decir que lo advirtió, que dio un plazo, que exigió una respuesta y que no la obtuvo. La pelota, en este momento, está en el tejado del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tiene un mes para responder. Tiene un mes para demostrar que es capaz de gestionar la crisis que él mismo contribuyó a no prevenir. Tiene un mes para resolver los expedientes, ejecutar las expulsiones y aportar los medios que Ceuta reclama. Si no lo hace, el silencio equivaldrá a una confesión de incapacidad, y los tribunales tendrán la última palabra.
