La secretaria general del Sector de la Administración General del Estado, Elisa Fernández Núñez, se encuentra en la ciudad para trasladar a todos los delegados y delegadas, la situación actual de la negociación que mantiene con el Gobierno sobre la Ley de Función Pública y cuáles son las Reivindicaciones que Comisiones Obreras plantea, tal y como está llevando a cabo en otros puntos del país.
La secretaria general del Sector de la Administración General del Estado, Elisa Fernández Núñez, se encuentra en la ciudad para trasladar a todos los delegados y delegadas, la situación actual de la negociación que mantiene con el Gobierno sobre la Ley de Función Pública y cuáles son las Reivindicaciones que Comisiones Obreras plantea, tal y como está llevando a cabo en otros puntos del país.
“Nos estamos concentrando porque se está negociando la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado y exigimos que sea una ley con garantía”, expresó la secretaria, apostillando que “tiene que ser una ley que garantice que se le puede dar un servicio público de calidad a los ciudadanos y ciudadanas”, manifestaba Fernández Núñez, durante una concentración celebrada este lunes al medio día en la Plaza de los Reyes.
Fernández considera que para ofrecer ese servicio de calidad “hay que darle cobertura a las vacantes”, a lo que añadió que “no se pueden quedar puestos vacantes y no se debe producir el cierre de centros, de oficinas, ni citas previas para poder atender a ciertos servicios”, puntualizando que “quieren un blindaje de los servicios públicos a través de las ofertas de empleo pública”. “Ahora mismo hemos perdido en torno a un 20% de personal en los últimos diez años”, denuncia la sindicalista.
Por su parte, el responsable de administración pública de CCOO, Manuel Domínguez, quien también se encontraba allí presente, ratificó “en la ciudad autónoma, se precisaría cubrir unas 400 nuevas plazas de personal funcionario y laboral empleado por la AGE para poder garantizar la calidad de los servicios públicos”.
Domínguez señaló que “estamos por encima del 26% de plazas que no se convocan y que faltan por cubrir”, “todo lo que es prestación de servicio como la Seguridad Social, el INE, el INGESA, las oficinas de DNI y Extranjería son las más perjudicadas, señaló el responsable, “por ejemplo, hay gente que ha pedido a la Seguridad Social ficticios para saber cuándo se jubilan, un trámite que antes llevaba de 48 a 72 horas; ahora hay que esperar de 4 a 5 meses para que den una contestación al solicitante”, puntualizó.
“Hemos presentado un conflicto colectivo para el personal laboral en relación al complemento de residencia que afecta, principalmente, a los territorios extrapeninsulares de Ceuta, Melilla, Islas Baleares y Canarias porque la clasificación que se está realizando no es la acorde en función de la titulación de acceso a la que se le tiene que pagar el complemento de residencia”, protestó Fernández, finalizando su intervención expresando que “exigen la clasificación correcta de este personal y el pago de más de cuatro años de atraso por una mala clasificación”.
