A la vista de lo que ocurre a nivel nacional con el caso Koldo y con las causas que afectan a José Luis Ábalos, mientras continúan otras investigaciones sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones y obra pública vinculadas al entorno del caso, conviene extremar la prudencia con los hechos y la firmeza con los controles. El juicio oral por el llamado caso mascarillas contra Ábalos y Koldo está señalado a partir del 7 de abril de 2026, mientras siguen abiertas otras líneas sobre contratos y obras.
A la vista de lo que ocurre a nivel nacional con el caso Koldo y con las causas que afectan a José Luis Ábalos, mientras continúan otras investigaciones sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones y obra pública vinculadas al entorno del caso, conviene extremar la prudencia con los hechos y la firmeza con los controles. El juicio oral por el llamado caso mascarillas contra Ábalos y Koldo está señalado a partir del 7 de abril de 2026, mientras siguen abiertas otras líneas sobre contratos y obras.
Cada vez que en España se sienta en el banquillo una trama vinculada al poder, la misma pregunta retumba en cualquier rincón del país: ¿y aquí, quién mira de verdad las obras públicas?
En Ceuta, como en cualquier administración, una sospecha de corrupción en proyectos, mediciones o presupuestos inflados sería un golpe demoledor. No hablamos de un simple error técnico ni de un desfase administrativo. Hablamos, en su caso, de dinero público. Del dinero de todos. Del dinero que debería destinarse a mejorar calles, barriadas, servicios e infraestructuras, no a engordar facturas ni a lubricar intereses inconfesables.
Cuando una empresa redacta un proyecto, fija costes y después la obra acaba disparándose, la obligación de cualquier sociedad seria no es mirar hacia otro lado, sino preguntar, revisar y fiscalizar hasta el último euro. Y si además existen indicios, comentarios persistentes o documentos que apunten a algo más grave, entonces ya no basta con sospechar en voz baja: hay que denunciarlo.
Porque callar ante una posible irregularidad no es prudencia; es cobardía. Y acusar sin pruebas tampoco es justicia; es irresponsabilidad. Entre el rumor y la impunidad solo hay un camino digno: que quien sepa algo lo ponga en conocimiento de la Justicia y que se investigue hasta el final, y esto está a la vuelta de la esquina.
