El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha asegurado este martes que está “convencido” de que las autoridades de Ceuta actuaron “acorde a la legislación” en la devolución a Marruecos de 55 menores que en mayo de 2021 entraron de forma irregular en Ceuta y que fueron devueltos a su país el pasado agosto.
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha asegurado este martes que está “convencido” de que las autoridades de Ceuta actuaron “acorde a la legislación” en la devolución a Marruecos de 55 menores que en mayo de 2021 entraron de forma irregular en Ceuta y que fueron devueltos a su país el pasado agosto.
Rafael Pérez se ha referido así en declaraciones a los periodistas al ser preguntado en Ceuta por el procedimiento judicial abierto por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta, y en el que están investigadas la ex delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta primera del Gobierno ceutí, Mabel Deu (PP), por presuntos delitos de prevaricación administrativa en este proceso.
Las dos autoridades prestaron declaración en el mes de septiembre del pasado año y, en ambos casos, destacaron que todo el procedimiento se llevó a cabo previo conocimiento del Gobierno de la Nación.
Rafael Pérez ha comentado que “respeto absoluto a las decisiones que se tomen en el ámbito judicial y colaboración absoluta con las investigaciones abiertas y soy muy tajante para decir que estoy absolutamente seguro de que las administraciones implicadas, tanto el Gobierno de Ceuta como la Delegación del Gobierno, actuaron de acuerdo al principio de legalidad y, sobre todo, pensando y teniendo presente el interés principal de los menores que fueron objeto de devolución”.
En este sentido, ha advertido que está “seguro” de que “esta idea será la que haga finalizar el procedimiento y que éste termine teniendo presente que se actuó de acuerdo a la legalidad”.
Preguntado por si la Delegación del Gobierno en Ceuta podía activar un tratado bilateral entre dos países, Rafael Pérez ha zanjado: “si manifestara mi posición técnica estaría afectando a la investigación judicial y sería un contra sentido sobre lo expresado”.
En relación a la posibilidad del archivo de esta causa ha añadido que “si hago referencia a resoluciones específicas sobre sobreseimiento provisional, sobreseimiento libre o llegará a juicio oral y terminará con una sentencia absolutoria tampoco estaría respetando los procedimientos judiciales pero confío en el hecho de que se respetó la legalidad vigente y será lo que acabe primando en el procedimiento”.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que ejerce la acusación particular, ha pedido nuevas pruebas y testificales, al tiempo que ha solicitado la comparecencia de varias autoridades del Ministerio del Interior.
