La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha asegurado en un comunicado que el año en el que poco a poco dejamos atrás la pandemia en cuestiones de movilidad humana, ha estado marcado por la invasión rusa de Ucrania , que ha hecho de nuevo tambalearse los cimientos de toda Europa.
Al mismo tiempo, ha recordado a la ciudadanía que desgraciadamente la amenaza de la guerra en el viejo continente sigue más latente de lo que se pensaba. No obstante, en esta ocasión, la Unión Europea ha reaccionado ágilmente activando por primera vez en la historia la Directiva de Protección Temporal, que ha facilitado que millones de personas encuentren refugio en tiempo récord, una medida que las organizaciones sociales como CEAR reclaman que se active también para dar respuesta a otras situaciones similares.
Lamentablemente, la respuesta a las personas que tienen que huir de países africanos ha seguido siendo la misma: externalización de fronteras y violencia contra quienes intentan obtener protección en un país seguro. En el caso de España la tragedia de Melilla ha sido el máximo exponente de estas políticas migratorias que provocan muertes, continuas vulneraciones de derechos humanos e impiden el acceso a una adecuada protección.
Pero no todo han sido malas noticias, este año también pasará a la historia por la aprobación, al fin, de la primera Ley por la Igualdad de Trato, como llevaban reivindicando las organizaciones sociales desde 2010, o la reforma del Reglamento de Extranjería, que aún siendo insuficiente supone un hito para seguir garantizando derechos. Estos son los principales acontecimientos de un año marcado por la guerra de Ucrania:
El año comenzó con la preocupante noticia del archivo definitivo de la denuncia contra el hacinamiento de personas migrantes en el puerto de Arguineguín, Gran Canaria. Un muelle en el que se llegaron a concentrar más de 2.000 personas durante varios días en condiciones infrahumanas en noviembre de 2020. Una decisión que organizaciones como CEAR lamentaron porque consideran que para que no se vuelvan a repetir estos episodios en el futuro no deben quedar impunes.
A lo largo del año, diversas organizaciones sociales, entre ellas CEAR, se reunieron con la Defensoría del Pueblo y diferentes actores claves para denunciar las irregularidades llevadas a cabo por las entidades bancarias, que niegan sistemáticamente el acceso a las cuentas de pago básicas a las personas migrantes y refugiadas, incumpliendo la legislación vigente y dificultando su inclusión social.
La guerra en Ucrania ha derivado en una crisis humanitaria por la cual más de 7,8 millones de personas han tenido que huir del país desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Sin embargo, esta vez la Unión Europea sí reaccionó a tiempo y activó por primera vez la Directiva de Protección Temporal para las personas que tenían que huir de este país. Una medida histórica que las organizaciones celebraron y pidieron que se extendiera a otras personas que tienen que abandonar sus países por situaciones similares, independientemente del origen, para ser siempre refugio frente a la guerra. Los países europeos, entre ellos España, han demostrado que cuando hay voluntad política se pueden garantizar los derechos y evitar sufrimientos innecesarios, algo que lamentablemente no sucedió en otras crisis humanitarias (Siria, Yemen, Sudán, etc).
Además, el Gobierno español puso en marcha de los innovadores Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) en Málaga, Alicante, Barcelona y Madrid para que las personas que huyen de este conflicto puedan registrar de forma ágil sus solicitudes de protección temporal y se les pueda dar respuesta en 24 horas y garantizar sus derechos mientras continúe el conflicto. Según CEAR, este modelo “ debería ampliarse y extenderse a todas las personas que llegan a nuestro país” solicitando protección internacional ya que permitiría un proceso de registro y acceso al sistema a través de estas “ventanillas únicas del asilo” para su posterior formalización, estudio y canalización por las vías habituales.
A lo largo de 2022 hay que señalar las dificultades de acceso al procedimiento de protección internacional. Además de la persistencia de las devoluciones ilegales en la frontera sur, también hubo enormes inconvenientes para obtener citas telemáticas con las cuales manifestar la voluntad de pedir asilo. Esto deja a muchas personas en necesidad de protección sin acceso al sistema, vulnerando la Directiva de Procedimientos. Es un reto importante para el nuevo año que las autoridades faciliten de forma urgente el acceso al derecho de asilo.
A principios de año CEAR destacó en su informe ‘Más que cifras’ que nuestro país había resuelto favorablemente 1 de cada 10 solicitudes de asilo el año anterior. La entidad celebró esta leve mejoría experimentada por España en cuanto a reconocimiento de protección internacional, aunque al mismo tiempo lamentó que nuestro país se encuentre aún alejado de la media europea del 35% , pese a que por segundo año consecutivo el número de solicitantes descendió hasta 65.404 personas, debido en gran parte a las restricciones de entrada impuestas por la pandemia, especialmente en fronteras aéreas. Sin embargo, cabe señalar que, a finales de noviembre, había ya 110.147 solicitudes de asilo registradas en España, casi duplicando las del año anterior, y la tasa de reconocimiento había aumentado hasta el 16%.
El uso indiscriminado de la violencia en el control de fronteras tuvo su más trágico episodio en la frontera entre España y Marruecos, el pasado 24 de junio: al menos 23 personas murieron, 77 se encuentran aún desaparecidas y 470 fueron devueltas sin las garantías previstas legalmente, tras un intento de salto de la valla de Melilla.
Testimonios de personas que lograron entrar en Melilla y las imágenes que han salido a la luz muestran la violencia con la que se emplearon las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas. El archivo de las investigaciones por parte de la Fiscalía no ha hecho más que refrendar la necesidad de una investigación independiente e imparcial con el fin de que se haga justicia, reparación y así impedir que estos trágicos hechos se repitan reiteradamente en las fronteras europeas.
El pasado 30 de junio, se aprobó la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, tras más de diez años de espera. Las entidades que forman parte de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato celebraron que su reivindicación fuera atendiday se pudiera contar al fin con un instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral. Actualmente esta norma se encuentra pendiente de su desarrollo reglamentario y de la creación de una autoridad independiente que vele por su cumplimiento.
En pleno verano se aprobó también la esperada reforma del Reglamento de Extranjería que supone un avance, pero según organizaciones como CEAR aún tiene margen de mejora. Los avances afectan fundamentalmente a estudiantes extranjeros; autorizaciones de residencia y trabajo; ampliación de los permisos por arraigo; y personas de terceros países que accedan a través del catálogo de puestos de difícil cobertura.
Sin embargo, sigue dejando fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad, ya que continúan sin abordarse cambios normativos que garanticen la plena integración social y laboral. Entre las cuestiones a mejorar destacan una mayor flexibilización de la reagrupación familiar; el acceso a los visados de búsqueda de empleo; más sinergia entre la legislación de extranjería y de asilo; o el acceso a la protección social de las personas extranjeras, ha añadido CEAR.
