El Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha dejado visto para sentencia el procedimiento judicial seguido contra el exconsejero de Sanidad Javier Guerrero, acusado de un presunto delito de injurias y calumnias contra Julio Rodríguez, director del Centro de Acogida de Menores La Esperanza. Con ello, se cierra una fase más de un proceso que ha estado rodeado de gran repercusión mediática, tensiones entre las partes y un trasfondo complejo que ha generado divisiones en la opinión pública.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha dejado visto para sentencia el procedimiento judicial seguido contra el exconsejero de Sanidad Javier Guerrero, acusado de un presunto delito de injurias y calumnias contra Julio Rodríguez, director del Centro de Acogida de Menores La Esperanza. Con ello, se cierra una fase más de un proceso que ha estado rodeado de gran repercusión mediática, tensiones entre las partes y un trasfondo complejo que ha generado divisiones en la opinión pública.
El proceso actual guarda paralelismos con un juicio anterior en el que Guerrero ya había sido investigado por hechos similares respecto a otro directivo del centro de menores. En aquel caso, el exconsejero fue absuelto. Esta nueva causa se centra exclusivamente en unas declaraciones realizadas en septiembre de 2022, en las que, sin nombrar directamente a nadie, Guerrero dejó entrever acusaciones que apuntaban a los responsables de dichos centros.
Uno de los momentos más controvertidos de la sesión fue la solicitud del Ministerio Fiscal de incluir nuevas pruebas, concretamente unas grabaciones obtenidas en una investigación paralela por la Guardia Civil. En ellas, se observarían interacciones entre Guerrero y menores en el interior de su vehículo. Según el fiscal, las imágenes podrían vincularse con hechos de índole sexual. Sin embargo, el juez rechazó la incorporación de este material, al considerar que no se había presentado en tiempo y forma y que su conexión con el objeto del juicio —un presunto delito de injurias— no era suficientemente clara.
A lo largo de la vista, el fiscal relató dos supuestos encuentros de Guerrero con menores —uno en un aparcamiento y otro junto al hospital universitario— y se refirió a tocamientos que, en su opinión, podrían tener relevancia penal. No obstante, cabe subrayar que estos hechos no forman parte del juicio actual, sino que se investigan por separado, y el tribunal ha reiterado que aquí solo se juzgan unas declaraciones públicas sobre el funcionamiento interno de un centro de menores.
Uno de los testimonios más relevantes fue el de un mediador que, en una declaración grabada, describió comportamientos que calificó de “inapropiados” por parte de Guerrero, aunque posteriormente se retractó en un documento que afirma no haber escrito voluntariamente, alegando haber sido coaccionado. Según su relato, fue presionado para desdecirse, y otro implicado habría denunciado que se ofrecían incentivos a los menores para inculpar a Guerrero.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el abogado Javier Izquierdo, han insistido en que las manifestaciones de Guerrero ante los medios constituyeron una acusación falsa que perjudicó gravemente al director del centro. Aunque el exconsejero publicó posteriormente una nota intentando matizar sus palabras, las acusaciones consideran que siguió apuntando de forma indirecta a los responsables de los centros, por lo que piden que se le condene por calumnias o, al menos, por injurias graves.
Por su parte, la defensa —encabezada por la letrada Cecilia Pérez Raya— ha argumentado que las declaraciones de su cliente se enmarcan en un contexto de defensa legítima. Afirmó que Guerrero actuó movido por la necesidad de proteger a menores vulnerables y que su intención no fue dañar el honor de nadie, sino denunciar posibles irregularidades. Además, denunció que el proceso ha estado “contaminado” por otras causas abiertas y por una campaña de desprestigio en la que —sugiere— se habrían instrumentalizado declaraciones de menores y trabajadores del centro.
Guerrero, quien optó por no hacer uso de su derecho a la última palabra, espera ahora la resolución judicial, que se emitirá en los próximos días.
