Este viernes ha comenzado en la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta la primera jornada del juicio contra Beatriz González, una mujer acusada de un delito de apropiación indebida por presuntamente, adueñarse de casi 300.000 euros de tres notarios con los que trabajaba, José Eduardo García, Antonio Fernández e Ignacio Moreno.
Este viernes ha comenzado en la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta la primera jornada del juicio contra Beatriz González, una mujer acusada de un delito de apropiación indebida por presuntamente, adueñarse de casi 300.000 euros de tres notarios con los que trabajaba, José Eduardo García, Antonio Fernández e Ignacio Moreno.
Los hechos que se le imputan habrían sucedido entre el 1 de enero de 2006 y el 19 de enero de 2012, según han relatado los afectados, quienes han declarado ante la Audiencia Provincial desde las 10:30 hasta las 15:15 horas de hoy.
En este sentido, los tres han confirmado tanto al Ministerio Fiscal como a la Acusación Particular y a la Defensa que Beatriz González era una empleada de la notaría de “total confianza”. De hecho, entre sus funciones destacaba recoger el dinero y las provisiones de fondo, organizar una hoja diaria de la notaría con las facturas cobradas y pagadas y realizar un resumen diario con el saldo que ella tenía. “Beatriz cobraba personalmente el dinero de las facturas y nunca detectamos irregularidades”, ha indicado el primero de los notarios en testificar, José Eduardo García..
Tampoco sospechó nunca de González el notario Antonio Fernández, quien ha afirmado que tenía “una relación normal tirando a buena” con la empleada.
También el tercero de los afectados, Ignacio Moreno, confiaba plenamente en la acusada, e incluso tenía una llave del domicilio de este notario. “Yo no desconfiaba de nadie, y menos de ella. Jamás me hubiera imaginado que fuera a hacer lo que hizo”, ha comentado sorprendido a la Sala.
Sin embargo, el 9 de enero de 2012 saltaron las alarmas en la notaría cuando Jaime Lloret, el contable de la misma, descubrió que no aparecía como cobrada una factura intermedia. “Las facturas estaban numeradas por orden de protocolo”, ha explicado Lloret al Tribunal ya en la sesión de esta tarde. Por este motivo, “al coger el listado de cobros y ver que no aparecía como cobrada una factura intermedia”, deduje que algo no era normal”.
Según ha relatado, se trataba de una factura “perdida”. En ese momento dio cuenta de lo sucedido a otro empleado, Javier Cuadra, y ambos intentaron cobrarla, pero al hacerlo “en el programa informático nos salió como pagada especial”. Hasta entonces solo conocían cuatro tipos de facturas: emitidas, no cobradas, dispensadas o pendientes de cobro, pero al investigar encontraron una desviación de facturas especiales. “Se lo conté a Ignacio y pensamos que algo estaba pasando. Vimos casi 300, la primera era de la Sociedad Al Andalus Inversiones Inmobiliarias”, ha recordado Lloret.
Sin embargo, no fue fácil llegar hasta esas facturas. “Nos costó trabajo, había que darles a varias pestañas hasta encontrarlas”, ha admitido el contable. “Nadie supervisaba el trabajo de Beatriz y ella se aprovechó de esa confianza”, ha aseverado.
Por su parte, Javier Cuadra, empleado de la notaría desde hace 38 años, ha corroborado el testimonio de Lloret, asegurando que la opción de “facturas especiales no estaba a la vista” y que desconocía por qué existía.
También ha reiterado estas palabras otro de los trabajadores, Alejandro Castillo. “Yo no conocía la existencia del apartado de facturas especiales porque esa carpeta no era necesaria para poder facturar”, ha afirmado.
Así, Beatriz González se aprovechó presuntamente de que ni los empleados ni los notarios sabían de la existencia de ese tipo de facturas en el programa informático para, durante seis años, apropiarse de un total de 292.000 euros. De estos, 252.000 fueron devueltos a los notarios por parte de la aseguradora, que ahora quiere conseguir recobrar lo que pagó.
Por su parte, la Acusación Particular solicita tres años y nueve meses de prisión para Beatriz González, así como 292.000 euros de responsabilidad civil. Muy parecida es la sentencia que pide el Ministerio Fiscal: tres años y medio de cárcel, la devolución a los notarios del dinero que se determine en la sentencia y una multa de 4.000 euros.
Después de una intensa primera jornada de juicio que ha comenzado a las 10:30 horas y ha finalizado a las 20:15 horas, las sesiones continuarán durante el día de mañana y el jueves.
