Un hombre se enfrenta a doce meses de prisión y a una multa de 2.900 euros por un supuesto delito de impago de pensiones a la madre de su hijo mayor.
Un hombre se enfrenta a doce meses de prisión y a una multa de 2.900 euros por un supuesto delito de impago de pensiones a la madre de su hijo mayor.
El acusado, quien ya ingresó en prisión durante un mes por este mismo delito, responde a las siglas J.L.R. y es residente en Algeciras, por lo que ha testificado esta mañana en la Sala de lo Penal nº 1 de Ceuta mediante videollamada.
Durante su declaración, él mismo ha reconocido que se le impuso la obligación de pagar una pensión alimenticia de 200 euros mensuales a la denunciante para el hijo que ambos tienen en común, o de 120 en caso de que estuviera desempleado. Además, J.L.R ha admitido que aceptó abonar esas cuantías y que en “algunas ocasiones” no las ha transferido encontrándose “en actividad laboral”. Así, a preguntas del Ministerio Fiscal, ha afirmado que “ha habido más de dos meses” en los que ha dejado de pagar.
Asimismo, ha declarado que actualmente no trabaja y que este mes ha recibido 489 euros por prestación de desempleo. “Vivo del desempleo y de la ayuda de mis padres”, ha atestiguado.
Respecto al impago de la pensión en agosto de 2021, el denunciado lo ha justificado alegando que ese mes el menor “lo pasó entero” con él. “De mutuo acuerdo dijimos que el mes que pasaba entero conmigo no le hacía la manutención”, ha manifestado. Sin embargo, según ha asegurado la acusación particular ese pacto “no se refleja en el convenio”. “Fue un acuerdo verbal”, ha respondido J.L.R.
En su declaración el acusado también ha señalado que “algún pago” sí que hizo entre mayo y junio de 2023, cuando estaba empleado. Sin embargo, según le han comentado Fiscalía y la acusación particular, “no se refleja en la cuenta”. De igual modo, tampoco se refleja la transferencia de febrero de 2024, cuando “también trabajó”.
J.L.R ha reconocido además que “en algunos meses sin trabajo” ha hecho el ingreso de 120 euros “y en otros no”. Esto lo ha explicado asegurando que “en todo 2024 ni ha trabajado ni ha cobrado un duro". “Empecé a cobrar desempleo en mayo”, ha destacado.
En cuanto a los vehículos que figuran a su nombre (una motocicleta y un Audi A3), J.L.R. ha afirmado que la moto se la robaron y que el coche se lo dejaron “para revenderlo” y a día de hoy no lo tiene. “Sigue a mi nombre, pero ahora lo tiene la madre de mi otro hijo”, ha explicado. En este sentido, se ha escudado en el otro menor, lamentando que no puede “pretender darle a uno y a otro no”. “Tengo gastos”, ha insistido, señalando que la madre de su hijo mayor “tiene que comprender las circunstancias de las personas”. “He dejado de pagar porque no podía”, ha asegurado.
Por su parte, la denunciante, M.A., ha declarado en el juicio que ya desde 2015 “pagaba, dejaba de pagar y así”. En 2023, ha afirmado, “abonó tres meses, en 2024 nada y actualmente sigue sin pagar, tanto si está en paro como si está trabajando”. Por ello, reclama la cuantía que le debe y cree que su expareja no le paga “porque no quiere”. “Pensará que como yo trabajo no hace falta”, ha indicado. Además, ha desmentido que J.L.R. no utilice el Audi A3, ya que ha manifestado haberlo visto en Algeciras. “Lo he visto montado en ese coche”, ha destaco M.A.
Respecto al acuerdo citado por el acusado sobre no abonar la pensión en agosto, la denunciante ha testificado que el pacto solo lo realizaron una vez, “en agosto de 2021”.
Fiscalía y acusación particular
Ante las declaraciones ambos, el Ministerio Fiscal ha confirmado que “se cumplen todos los requisitos de un delito de impago de pensiones”, ya que J.L.R. “ha manifestado que algunas veces dejó de pagar” incluso en periodos “que ha estado trabajando” y tenía “economía para ello”. En este sentido, Fiscalía solicita una sentencia condenatoria de un año de prisión y el abono de 2.900 euros para su expareja.
La acusación particular se ha adherido a lo expuesto por el fiscal y ha añadido que el acusado “ni siquiera ha pagado algo simbólico que dé cuenta de su voluntad de hacerse cargo”.
La defensa
La letrada de J.L.R. ha asegurado que se acusa a su cliente “de no haber abonado meses que sí que ha abonado las cantidades que procedía”. Además, ha admitido que la defensa “no niega que no haya pagado porque él mismo lo ha reconocido”, pero ha insistido en que “no hay una voluntad persistente de no querer pagar”. Así, ha explicado a la Sala que “cuando ha podido ha afrontado” la pensión “y cuando no ha abonado es porque no ha podido”, ya que, dice, “no cuenta con una regularidad en sus ingresos”.
“Quien no quiere pagar, no paga nunca”, ha señalado con rotundidad su abogada, quien además ha recordado que su representado cobra 320 euros por subsidio por desempleo. “No podemos calificar de malicioso y consciente el comportamiento, sino como una verdadera imposibilidad temporal”, ha destacado.
Última declaración del acusado
J.L.R. ha querido hacer uso de su derecho a una última declaración. De este modo, indignado, se ha planteado cómo actuarían otras personas en su situación. “A más de uno querría verlo en la tesitura de cobrar 320 euros de ayuda y tener dos hijos. ¿Qué hago, le ingreso a uno y al otro no? Las matemáticas no salen”, ha concluido visiblemente alterado.
