El macrojuicio contra los delitos de narcotráfico, organización criminal y blanqueo de capitales en Ceuta ha continuado hoy en la Audiencia Provincial. Esta tercera jornada ha tenido como principales protagonistas a los dos peritos agentes de la Guardia Civil del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) adscritos al Grupo de blanqueo de capitales cuya base se encontraba en Málaga.
El macrojuicio contra los delitos de narcotráfico, organización criminal y blanqueo de capitales en Ceuta ha continuado hoy en la Audiencia Provincial. Esta tercera jornada ha tenido como principales protagonistas a los dos peritos agentes de la Guardia Civil del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) adscritos al Grupo de blanqueo de capitales cuya base se encontraba en Málaga.
Los especialistas han relatado durante horas al Ministerio Fiscal las maniobras características de blanqueo de capitales de la familia Pino que se dedicaron a investigar desde el año 2009. “Manejaban ingentes cantidades de dinero que tenían que dispersar a través del entorno reducido”, han comenzado asegurando en su declaración. En este sentido, los agentes han manifestado que afloraba “muchísimo dinero en efectivo que era utilizado para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y ganadería de caballos”. Lo que pretendían, han explicado, era “ocultar y legitimar ese dinero obtenido supuestamente del narcotráfico”. De hecho, según pudieron comprobar estos peritos se trataba de “una delincuencia organizada que se llevaba a cabo cumpliendo cada uno un rol previamente establecido a través de una estructura perfectamente jerarquizada”.
Presunto delito de narcotráfico
En primer lugar, los especialistas han testificado respecto al presunto delito de narcotráfico. En esta organización “estanca y dividida” las personas del escalón inferior “recogían la droga de Marruecos para luego transportarla a España, mientras que otros hacían vigilancias en el puerto deportivo de Ceuta y unos terceros introducían la mercancía en la embarcación”. Además, han relatado, “había encargados del avituallamiento de todo tipo de enseres y cambios de tripulación en las narcolanchas”, un ejercicio necesario porque estas “nunca vienen a tierra; las echan en el mar y están permanentemente allí”.
Una de estas embarcaciones de alta velocidad, con GPS, detector de radar y capacidad para cuatro personas se encontró en una nave. “Cuando quisimos acceder vimos que estaba franqueada por doce palets de ladrillo para salvaguardar la narcolancha”. Una narcolancha que según han relatado, “es una bomba, con motores de una grandísima cilindrada”. El hallazgo fue “gratificante para nosotros” porque “reforzó la tesis de que se dedicaban al narcotráfico y que todos los ingresos se obtenían de él”, han manifestado a la Fiscalía.
El ”supuesto divorcio”
Cuando los acusados Francisco Julián P. y María del Mar L. llevaron a cabo su divorcio en el año 2011 dividieron los bienes y renunciaron a cuantificarlos, lo cual “asombra” a los guardias civiles. En el reparto de estos bienes que ambos tenían en gananciales “los inmuebles pasan a ella, quien asume la carga de todos, mientras que los muebles terrestres a él”. De este modo, Francis “se queda sin propiedades, excepto una vivienda en Fuengirola y una nave en el Tarajal, que ese año no existía, pero se hace constar”.
Teniendo en cuenta que P. carecía de propiedades, estos peritos se preguntaron dónde residía. “Esto empezó a parecer una simulación del divorcio”, han testificado. Y es que pudieron observar que él “vivía a diario en la casa familiar, hablaba con sus hijos todos los días, la mujer le decía que preparase barbacoas, los posicionamientos del teléfono daban con esa vivienda a diario, ella efectuaba llamadas desde el teléfono de él y en la casa había ropa, enseres y armas propiedad de Francis”. Asimismo, realizaron un estudio en el que observaron que “casualmente el matrimonio y los tres hijos viajaban juntos de vacaciones y detectaron que tras el supuesto divorcio siguieron manteniendo una cuenta conjunta en la que “se realizaban ingresos en efectivo”. Todo esto, ha insistido uno de los peritos, “nos permite hablar de que realmente estamos ante una simulación”.
Los ingresos
Durante los años que dura la investigación el dinero de la expareja procede “en teoría” del alquiler de varias propiedades, el sueldo de policía local de ella, y a partir de 2012 del único empleo de Francis en una empresa municipal donde cobraba alrededor de 1.200 euros. “Entre 2009 y 2018 no se detecta que María del Mar reciba algún ingreso como abogada”, han aseverado los guardias civiles. Todo ello les sorprende, ya que “solo la hipoteca de la vivienda donde residía el núcleo familiar era de más de 1.000 euros y eso no hay familia que lo soporte”.
Según han añadido los peritos ante las preguntas de la Fiscalía, en el matrimonio “se producen los ingresos de alquileres y una ingente cantidad de ingresos de origen desconocido”. Lo más llamativo para ellos es que el uso de tarjetas bancarias “es ínfimo porque el gasto diario de comida, vestimenta, transporte, ocio y educación no se hace a través de tarjetas”.
“Blanqueo de capitales de manual”
Los peritos de la Guardia Civil han constatado ante el Tribunal que “estamos ante una operatoria de blanqueo de capitales de manual”. Para evidenciarlo han recordado cómo la acusada María del Mar gestionó el alquiler de una vivienda que un hermano suyo tenía en Ceuta. “La inquilina ingresaba 550 euros mensualmente por transferencia bancaria, pero María del Mar se lo daba a su hermano en efectivo de origen desconocido”, han indicado los expertos.
Confusión patrimonial
Como pudieron observar los agentes, la manera de “legitimar los bienes de toda la familia era aflorándolos a través de préstamos”. Así, se produjo una “confusión patrimonial que se repitió a lo largo del tiempo”. Como ejemplo, han destacado que en 2010 Patricia P. y su marido adquirieron un vehículo de 45.000 euros. “Hubo unos pagos que se declararon confesados y un préstamo porque él aportó el dinero que le faltaba a su hermana para la adquisición del vehículo”, han explicado.
Además, han señalado los agentes, a través de la cuenta de María del Mar “se estaban pagando cargos de Francis y de sus hermanos en años muy posteriores a su supuesto divorcio”.
A ello se suma que entre 2013 y 2014 “los ingresos de Francis fueron transferidos a la cuenta de su madre, María Ángeles”. Así, dicen, él “nutría las cuentas de su madre para que afrontara los gastos”. Entre estos destaca la finca Maestro Escuela, un terreno que María Ángeles “compró por una ingente cantidad de dinero”. De hecho, según han relatado ante el fiscal, “era un terreno enorme que tenía incluso una ermita y que es evidente que a ella no le daba el dinero para el tipo de finca que adquirió”.
Asimismo, los agentes detectaron que María del Mar titularizó 27 vehículos terrestres, “muchos de ellos de alta gama”, Francis 61, su madre 35, y entre el resto de sus hermanos alrededor de 50. “También hay motocicletas de alta cilindrada a nombre de la madre, que ni siquiera tiene carnet de conducir”. Ellos, han expresado, “se hacían cargo del mantenimiento y de las cuentas del seguro”.
Las sociedades
Entre las sociedades que la familia supuestamente constituyó destaca una creada mediante solares que aportó María Ángeles con la herencia de su madre. “En esa sociedad se nombra administrador único a Francis”, han destacado los peritos, quienes además han asegurado que ese terreno estaba sin edificar. “Antaño eran viviendas rurales que fueron derruidas”. Sin embargo, al solar “se le dio el valor como si realmente estuviera edificado”. De tal manera, continúan, que “se infló su precio artificialmente, llegando a más de 400.000 euros, cuando realmente ese terreno no vale nada”. Así “engordaron el valor patrimonial y con ello constituyeron una sociedad a la que para colmo colocan de administrador único a Francis”, ha comentado uno de los guardias civiles. Este, a la pregunta del fiscal sobre cómo se nutría de fondos la sociedad, ha respondido que con “efectivo de origen desconocido”.
Por otra parte, hasta 2012 Francis P. “simultaneaba tres actividades”, ya que trabajaba en una empresa municipal, era vendedor de vehículos y tenía constituida una sociedad “sin sede” dedicada al comercio menor y actividades de construcción y albañilería. Según los agentes se trataba de una “empresa pantalla” porque “no obtenía beneficios, no había movimientos ni rastro de cobros de nóminas y los empleados eran sus hermanos y su madre”. Esta misma “actividad simulada finaliza en 2010 y se la pasa a su madre, que la mantiene hasta 2014”. Ese año “sí que se tiene constancia de una nave en el Tarajal de 180.000 euros, cuyo pago se lleva a cabo en enero de 2013”. Del dinero, 120.000 “son sin duda del tráfico de drogas” y los otros 60.000 de un préstamo que solicita María del Mar L., que ya en ese año era su exmujer, “para hacerle un favor”.
Los caballos
Otro de los hallazgos por parte de la Guardia Civil fue una ganadería que “no estaba dada de alta en la Agencia Tributaria”. Y es que, han testificado los agentes, es “muy habitual el blanqueo de dinero a través de caballos de pura raza española”. En este sentido, contactaron con un señor de Málaga que “estaba muy interesado en aparear caballos” porque varios de los sementales que poseía la familia habían ganado varios premios. “Lógicamente valen mucho dinero”, han subrayado. Así, según pudieron observar los agentes, por la ganadería pasaron “más de 60 de pura raza y sementales, cuyo mantenimiento conlleva ingentes cantidades de dinero”. De hecho, han podido aseverar que en el año 2018 la cantidad mínima para el cuidado de estos animales era de 19.000 euros mensuales.
Por todo lo expuesto, los agentes que han testificado hoy se han ratificado en que “se trata un entramado societario a través del auxilio doloso del entorno familiar más directo, aceptando cada uno un rol en la operativa de blanqueo de capitales”.
