El Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha ordenado la reapertura del caso contra el presidente de la Gestora del PSOE, Melchor León, tras ser denunciado por una trabajadora del Grupo Parlamentario Socialista. La empleada le acusa de haber difundido su parte médico por incapacidad temporal en un chat del partido, sin su consentimiento. Esta decisión llega después de que la causa fuera archivada a finales de junio, pero reabierta tras un recurso presentado por la defensa de la denunciante, al que se adhirió el Ministerio Fiscal.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha ordenado la reapertura del caso contra el presidente de la Gestora del PSOE, Melchor León, tras ser denunciado por una trabajadora del Grupo Parlamentario Socialista. La empleada le acusa de haber difundido su parte médico por incapacidad temporal en un chat del partido, sin su consentimiento. Esta decisión llega después de que la causa fuera archivada a finales de junio, pero reabierta tras un recurso presentado por la defensa de la denunciante, al que se adhirió el Ministerio Fiscal.
El magistrado ha estimado el recurso y ha ordenado retomar el procedimiento por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos, contemplado en el artículo 197 del Código Penal. Melchor León deberá ahora dar explicaciones ante la justicia, mientras que la trabajadora afectada ha sido citada para un examen forense que valorará los daños sufridos por la presunta violación de su intimidad.
Los hechos se remontan a finales de junio, cuando la trabajadora, que se encontraba de baja médica, fue informada de que su parte médico había sido compartido en un grupo de WhatsApp de la Gestora del PSOE sin su autorización. El documento, que contenía información sensible sobre su estado de salud, fue difundido por León, lo que provocó que la empleada presentara una denuncia ante la Policía Nacional por violación de su intimidad.
Entre las pruebas aportadas por la denunciante se incluye una captura de pantalla que demostraría que la información fue compartida desde el teléfono móvil del presidente de la Gestora. La difusión de este tipo de información sin consentimiento vulnera claramente el derecho a la intimidad de la trabajadora, generando además la posibilidad de que el documento haya sido reenviado a otros miembros del grupo, ampliando su alcance.
Además de la vía judicial, la afectada ha trasladado el caso a la Agencia Española de Protección de Datos, al considerar que se ha producido una violación de su información personal, protegida por la legislación española. La difusión de datos médicos en un contexto político interno añade un agravante a la situación, al haber expuesto detalles íntimos sin ninguna justificación aparente.
Este caso podría tener repercusiones tanto a nivel judicial como en el ámbito de la protección de datos, ya que pone en cuestión la correcta gestión de información sensible en el seno de una organización política.
