La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha constatado este jueves la "situación muy compleja" que atraviesa Ceuta por la contingencia migratoria y ha anunciado la incorporación de tres fiscales procedentes de la Península para reforzar la Fiscalía de Área y agilizar los trámites, un destacamento que se pondrá en marcha el 31 de agosto y que, en principio, se prolongará hasta el 31 de octubre.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha constatado este jueves la "situación muy compleja" que atraviesa Ceuta por la contingencia migratoria y ha anunciado la incorporación de tres fiscales procedentes de la Península para reforzar la Fiscalía de Área y agilizar los trámites, un destacamento que se pondrá en marcha el 31 de agosto y que, en principio, se prolongará hasta el 31 de octubre.
Peramato, que ha visitado la ciudad y se ha reunido con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, ha trasladado su "solidaridad y reconocimiento al pueblo ceutí" por el esfuerzo que está realizando ante una situación que ha calificado de "traumática", al tiempo que ha reconocido el trabajo de las instituciones y de los nueve fiscales que integran actualmente la Fiscalía ceutí.
La fiscal general ha explicado que, desde el inicio de la contingencia migratoria, la Fiscalía General del Estado activó un equipo coordinado por su Secretaría Técnica en el que participan las unidades especializadas en menores, extranjería, violencia de género y delitos de odio. Este equipo recibe diariamente información sobre la situación en Ceuta y establece los criterios que deben aplicar las fiscalías implicadas.
En relación con los menores migrantes, ha recordado que la Fiscalía General dictó un decreto para respaldar la actuación de los fiscales territoriales cuando alguna comunidad autónoma plantee objeciones a la recepción de menores trasladados desde Ceuta. En esos casos, ha señalado, se puede requerir a las entidades públicas responsables con advertencia de las responsabilidades que pudieran derivarse de una negativa injustificada.
Peramato ha subrayado, no obstante, que las funciones de la Fiscalía son "muy limitadas" y están sometidas al principio de legalidad. En esta crisis, ha explicado, su actuación se centra fundamentalmente en la protección de los menores y en la vigilancia de las medidas adoptadas por las distintas administraciones que puedan afectarles.
Respecto al refuerzo de medios, ha indicado que tres sustituciones internas ya fueron reconocidas por el Ministerio de Justicia con carácter retroactivo y que ahora se ofrecerá a toda la carrera fiscal un destacamento de tres profesionales de la Península. Para facilitar su desplazamiento, Justicia ha previsto un complemento salarial específico y la subvención del alojamiento. Peramato ha confiado en que haya fiscales interesados en trasladarse a Ceuta y ha precisado que el refuerzo podrá prorrogarse si la situación lo requiere.
La fiscal general ha asegurado que, pese a la presión derivada de la crisis, la Fiscalía de Ceuta está resolviendo actualmente sus informes y expedientes "dentro del plazo, incluso sin apurar ningún plazo", y mantiene una colaboración permanente con las instituciones y los cuerpos de seguridad para agilizar las actuaciones.
Tras sus reuniones con Vivas y Pérez Triano, Peramato ha asegurado que se lleva una visión "más clara" de la realidad de la ciudad y ha admitido que ha percibido "mucha preocupación", además de "una sensación de impotencia" y, en ocasiones, "desesperanza". A su juicio, la situación exige coordinación entre todas las administraciones y ha valorado también la creación del mando único estatal encabezado por el ministro Ángel Víctor Torres.
Preguntada por la actividad de la Fiscalía ante los expedientes de asilo y devolución, ha explicado que el Ministerio Fiscal no interviene en los procedimientos de asilo y que en los expedientes de expulsión participa cuando existe un procedimiento penal o cuando se plantea el internamiento de un adulto con menores o se solicita una medida de internamiento ante un órgano judicial.
Peramato también ha ofrecido algunos datos sobre la actividad delictiva registrada durante la crisis. Según el último informe trasladado por la Fiscalía de Ceuta, se han contabilizado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, de las que 16 son mujeres y, en su mayoría, menores de edad. También se ha detectado un incremento de los delitos contra el patrimonio y de los delitos de atentado y resistencia a agentes de la autoridad.
La fiscal general ha querido extender finalmente su solidaridad a los migrantes que permanecen en Ceuta, al considerar que también se encuentran en "una situación muy delicada de carácter humanitario".
