Este martes las defensas de los encausados en el mayor juicio contra el blanqueo de capitales celebrado en Ceuta han tenido oportunidad de alegar la nulidad de varios procedimientos judiciales.
Este martes las defensas de los encausados en el mayor juicio contra el blanqueo de capitales celebrado en Ceuta han tenido oportunidad de alegar la nulidad de varios procedimientos judiciales.
Así ha transcurrido la jornada en la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta durante dos sesiones (mañana y tarde) en las que los abogados de los trece acusados presentes se han dedicado a mostrar las cuestiones previas al Tribunal y a la Fiscalía. Con esta última han debatido durante largas horas sobre el proceso de investigación y las pruebas que de ella se han derivado.
Una investigación que pone el foco en un entramado familiar al que se le acusa de los delitos de organización familiar y blanqueo de capitales originados del narcotráfico. Al frente de esta presunta actividad criminal estarían dos hermanos a quienes se les perdió la pista hace cinco años.
Investigación por narcotráfico sobreseída
La defensa ha manifestado que en 2018 la investigación por narcotráfico que realizaba la Guardia Civil quedó sobreseída provisionalmente al no localizar la droga. Por tanto, entienden los letrados que sin la mercancía no se puede justificar la apertura de otra causa por blanqueo de capitales porque la droga sería necesaria para cometer este último delito.
Asimismo, las defensas han planteado vulneraciones del principio de seguridad jurídica, al conocer recientemente la existencia de un auto de sobreseimiento provisional que “solo le ha sido notificado al Ministerio Fiscal y al equipo de investigación de la Guardia Civil”. En ese auto, ha declarado uno de los letrados, “se nos dice que se acuerda la autorización del oficio de poner geolocalización, audios y grabaciones, pero eso no consta en las diligencias que se nos han aportado a las defensas”. Además, ha manifestado este abogado, “tampoco existían todas aquellas razones que se exigen para efectuar esas escuchas”. Por tanto, esta desinformación habría supuesto una vulneración del derecho de defensa y se ha solicitado la nulidad de dicho auto.
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha indicado que la investigación comenzó con un delito de tráfico de drogas y en el transcurso la Guardia Civil encontró indicios de blanqueo de capitales y solicitó realizar una investigación en esa línea. “La droga no se pudo encontrar porque los investigados sabían que estaban siendo escuchados”, ha aseverado el Fiscal.
Para las defensas no hay indicios de delito
Según los letrados de los acusados en ningún momento se mencionan hechos que sean constitutivos de delito y que justifiquen una primera investigación. “Se nos habla de unas petacas de gasolina introducidas en una embarcación, pero el petaqueo es solo una infracción administrativa”, ha asegurado un letrado. También, ha continuado, “se nos habla de que utiliza su embarcación para dar apoyo logístico a otras embarcaciones en alta mar, como llevar comida o proveer de gasolina y demás enseres”. Para las defensas, ninguno de estos actos está relacionado con el tráfico de hachís. “Se trata de una familia normal y corriente, no estamos hablando de un clan ni mucho menos. Son personas humildes”, han aseverado.
Debido a que no creen que existan indicios de delito, las defensas han solicitado la nulidad de todas las diligencias que dependan de las primeras autorizaciones en las que se permitió colocar un GPS en la embarcación del investigado. “La Guardia Civil ve a un hombre que no tiene antecedentes de ningún tipo introduciendo petacas en su embarcación, que no sabemos si son de gasolina, pero no se sigue haciendo un seguimiento ni se opta por una medida menos restrictiva, directamente se coloca un GPS”, ha recordado indignado uno de los abogados.
Según él, la Guardia Civil no encontró nada y en el auto “no hay motivación ninguna ni se dice cuál es la finalidad que se persigue”. Además, los abogados añaden que desconocen si la medida era proporcionada, “pero era precipitada y no tenía razón de ser”. Así, entienden que el auto de colocación del GPS es nulo y que trata de una medida que “no debió hacerse”.
La versión del Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal, sin embargo, ha recordado que las investigaciones se remontan a febrero 2018. “Se encontraron teléfonos satelitarios dentro de la embarcación y partimos de que durante dos días se había observado al investigado metiendo petacas de gasolina”, ha declarado. Asimismo, tras el transcurso de esos días se le encontró junto a personas que antes no estaban con él.
Respecto al geolocalizador, ha indicado que “en marzo se pide la colocación de un GPS, pero hasta el 19 de julio no se consigue colocar el dispositivo”. Durante todo ese tiempo, afirma, se realizan seguimientos a la embarcación por parte de los agentes y se le identifica con tres ocupantes a bordo y los mismos utensilios que se emplean para ayudar a las narcolanchas. “Se observa de forma reitera introducir petacas, comida, neoprenos junto a personas con antecedentes y en una operación clave con otra embarcación”, ha relatado el Ministerio Fiscal. Según este ha relatado más adelante se solicitó la intervención de los teléfonos y las grabaciones debido a la cantidad inusual de petacas de gasolina y patrones “sospechosos que nos confirman las vigilancias”. Por todo ello, para la Fiscalía “era esencial” la intervención de los teléfonos y las grabaciones y se actuó “de manera “escalonada y proporcionada”.
Comienzo del juicio
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha adelantado que el juicio por blanqueo de capitales se celebrará los días 8, 9, 10, 16, 22, 23, 24 de octubre y 5 de noviembre.
