El agente de la Policía Local de Ceuta acusado de asesinar de un tiro a su mujer era "apto con restricciones" para el servicio tres años antes del crimen, si bien se le había retirado el arma reglamentaria en dos ocasiones, una por ansiedad (le fue devuelta el arma a los diez días) y la segunda no ha trascendido por un tema de confidencialidad.
El agente de la Policía Local de Ceuta acusado de asesinar de un tiro a su mujer era "apto con restricciones" para el servicio tres años antes del crimen, si bien se le había retirado el arma reglamentaria en dos ocasiones, una por ansiedad (le fue devuelta el arma a los diez días) y la segunda no ha trascendido por un tema de confidencialidad.
La tercera sesión que se sigue en la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta por el asesinato de Mª Ángeles Lozano, presuntamente al recibir un tiro de su esposo -el policía local Alonso Miguel G.D.-, ha determinado que el agente nunca indicó que tomaba medicación psiquiátrica.
La Ciudad Autónoma, a través de su abogado, ha asegurado que el agente nunca dio a conocer su enfermedad en el seno de la Policía Local, ya que cada vez que cumplimentaba los informes sobre salud que tienen que rellenar los miembros de la plantilla, no marcaba los ítems correspondientes a esta cuestión.
De hecho, en los expedientes se indica que el 31 de enero de 2018 consta una declaración de salud en la que el acusado nunca marcó que estuviera padeciendo alguna afección mental ni que tomara medicación psiquiátrica.
Tres años antes del crimen -que se produjo en 2022- un informe constata que el agente era apto para el servicio pero con restricciones, como que no podía cumplir con determinados servicios o turnos.
El policía estaba citado para cumplimentar su informe anual para evaluar su salud en abril de 2020 pero no lo hizo por la pandemia, de ahí que el último informe se produjo en 2019, es decir, tres años antes del asesinato de la funcionaria de juzgado Mª Ángeles Lozano.
