El juicio por un presunto entramado de blanqueo de capitales que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Ceuta retomó este lunes su curso tras varios días de parón. La jornada estuvo marcada por el cruce de argumentos entre los peritos económicos de la defensa y los agentes de la Guardia Civil, quienes discreparon sobre el análisis financiero de la acusada MM, exmujer del supuesto cabecilla de la trama.
El juicio por un presunto entramado de blanqueo de capitales que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Ceuta retomó este lunes su curso tras varios días de parón. La jornada estuvo marcada por el cruce de argumentos entre los peritos económicos de la defensa y los agentes de la Guardia Civil, quienes discreparon sobre el análisis financiero de la acusada MM, exmujer del supuesto cabecilla de la trama.
El perito de la defensa presentó a MM como una mujer con serias dificultades económicas, ajena al presunto lavado de dinero. Con unos ingresos de 2.300 euros mensuales como Policía Local y tres hipotecas a su carga, el experto aseguró que “vivía con el agua al cuello”. Además, destacó que la acusada complementaba su sueldo con 1.500 euros en alquileres, aunque debía recurrir a reintegros frecuentes para cubrir los gastos mensuales.
Uno de los puntos más controvertidos fue la afirmación del perito de que los ingresos de origen desconocido señalados por la Guardia Civil podrían explicarse fácilmente al comparar los reintegros de la acusada con los montos depositados. Según su análisis, MM realizó retiradas de efectivo que triplicaban los ingresos cuestionados por los agentes, algo que el informe oficial habría pasado por alto.
Sin embargo, el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur) de la Guardia Civil defendió su informe y reiteró que el análisis de la defensa no tenía en cuenta elementos clave. “Aquí parece que todo el mundo tiene un Renault Clío”, ironizó un agente, refiriéndose al supuesto estilo de vida austero de los acusados. Según el mismo, se encontraron relojes de alta gama y un difícil de justificar con los ingresos declarados.
El Ministerio Fiscal también cuestionó el informe de la defensa, subrayando que las investigaciones han revelado depósitos en efectivo que alcanzaban hasta 19.850 euros en un solo día. Estos movimientos, según los agentes, estarían muy por encima de lo que cabría esperar en una pareja cuyos ingresos oficiales provenían de trabajos públicos.
Otro de los puntos de tensión giró en torno al reparto de bienes tras el divorcio de MM y el supuesto cabecilla de la trama. Mientras la fiscalía sostiene que la separación era ficticia y que la acusada mantenía la mayoría de los bienes, el perito de la defensa afirmó que el reparto no solo era equitativo, sino incluso más gravoso para MM, quien asumió varias cargas económicas que no recayeron sobre su exmarido.
La defensa también atacó la valoración de bienes muebles realizada por la Guardia Civil, que, según ellos, tasó coches y motos en valor cero. El perito aseguró que los vehículos podrían tener un valor equiparable al de una vivienda y estimó su precio en unos 67.000 euros. No obstante, la Guardia Civil reveló que la pareja llegó a ser titular de hasta 27 vehículos, incluidos modelos de alta gama.
El debate se está ampliando a los métodos utilizados por la trama para supuestamente lavar dinero. Según la OCON-Sur, las transferencias y movimientos en efectivo eran solo una parte visible de un entramado más complejo, con indicios de connivencia con empleados bancarios. A pesar de ello, el perito de la defensa rechazó términos como “clan” o “red”, calificándolos de sesgados.
La fiscalía, por su parte, recordó que no es necesario adquirir bienes ostentosos, como un Porsche Cayenne, para probar un delito de blanqueo. Además, insinuó que la acusada podría haber generado ingresos adicionales mediante economía sumergida, algo que el experto de la defensa no descartó, aunque criticó la falta de pruebas concluyentes al respecto.
Con el juicio avanzando hacia una etapa decisiva, la confrontación entre los expertos de ambas partes ha elevado la tensión en un caso que busca esclarecer si los acusados, incluyendo a MM, formaban parte de un entramado que habría lavado más de un millón de euros en una década.
