El juicio de las facturas especiales contra B.G. por un presunto delito de apropiación indebida ha llegado a su fin este martes después de tres horas en las que el Ministerio Fiscal, la acusación particular y a defensa han mostrado sus conclusiones.
El juicio de las facturas especiales contra B.G. por un presunto delito de apropiación indebida ha llegado a su fin este martes después de tres horas en las que el Ministerio Fiscal, la acusación particular y a defensa han mostrado sus conclusiones.
En primer lugar, la Fiscalía ha considerado probados los hechos de la acusación, asegurando que “se ha demostrado que B.G. se apropió durante seis años de 292.000 euros mediante el sistema de información Óptima, aprovechándose de la confianza de los notarios”. El fiscal entiende así que este periodo prolongado dio lugar a una “pluralidad de actos delictivos que constituyen una secuencia de actuaciones ilícitas”.
Estas acciones “tenían un mismo modus operandi”, que consistía según el Ministerio Fiscal en “la manipulación del programa informático y la ocultación de las facturas especiales”. En este sentido, ha declarado que los notarios “desconocían el funcionamiento” de dichas facturas e “ignoraban el apartado” donde se incluían.
Además, el fiscal ha mencionado a F.M., administrador de Óptima, que explicó que las facturas especiales “son para uso excepcional” y a quien “le llamó la atención el elevado número de estas en comparación con otras notarías”. Del mismo modo, ha recordado que el administrador señaló que no existe un acceso remoto a los datos y que es “posible que se haya podido usar para llevar una contabilidad paralela”. En este sentido, la Fiscalía ha destacado que la declaración de F.M es “significativa” porque “se descarta que desde fuera se pueda acceder”, eliminando la posibilidad de que lo utiliza un hacker.
Asimismo, ha mencionado el informe del perito de la acusación particular, en el cual se explica que “existió una manipulación de las hojas de caja diarias y de los listados de las facturas cobradas”. Por ello, Fiscalía ha afirmado que la acusada “omitió y ocultó de forma intencionada y consciente puesto que iban a pestañas especiales”. El propio perito “manifestó que este hecho fue verificado porque se dedicó a contrastar una a una las 295 facturas”, ha subrayado el fiscal. En su alocución, ha reiterado que B.G. “desvió dinero de forma continuada y en pequeñas cantidades durante 6 años”.
“Declaración inverosímil”
El Ministerio Fiscal también ha aludido a la declaración de la acusada, quien en un primer momento “apuntó como responsable a otro compañero”, pero más adelante “dijo que podría tratarse de un mero error”. Para la Fiscalía esta declaración es “inverosímil”, ya que según los peritos “el sistema no presentó errores”. Existen, dice, “evidencias determinantes que apuntan que fue la encargada de caja la que efectuó el proceso”.
Por otra parte, ha indicado que el perito de parte “no consiguió reforzar la inocencia” de la acusada: “Negó la existencia del delito, alegando que no existe evidencia del pago de las facturas”, ha recordado el fiscal. Este ha recalcado que “no hay motivo para dudar” ya que las personas “manifestaron que las pagaron, constan en el IPSI y las escrituras fueron entregadas”. El perito, subraya, “no consigue el efecto pretendido porque es una falacia decir que no hay evidencia del pago de las facturas”.
Como aporte final, el Ministerio Fiscal ha incidido en el “abuso de confianza” de la acusada, lo cual sería una circunstancia agravante en el momento de dictar la sentencia. “Se aprovecha de su credibilidad, de una relación laboral de larga duración y de que tenía amplia libertad y plena confianza”, ha comentado el fiscal. Según este, “la acusada desempeñaba funciones de gran responsabilidad y tenía un amplio dominio de Óptima, conocimiento del que carecían los notarios, que le delegaron su gestión”. Y es que para la Fiscalía la posición de B.G. “dentro de la notaría fue instrumental para la elaboración de su plan ilícito”.
“Ataque patrimonial”
Por su parte, el letrado de la acusación particular ha definido el presunto delito como un “ataque patrimonial” contra tres notarios de Ceuta mediante una “continuidad delictiva”. Además, este abogado ha reafirmado las palabras del fiscal, destacando que la acusada gozaba de “confianza” por lo que “los sistemas de control se desvanecieron y ella se aprovechó de esa situación”.
Asimismo, el letrado ha ironizado sobre lo ocurrido, relatando que en el mes de enero de 2012 “tres señores se reunieron para despedir a la acusada” y como justificación “inventaron un descuadre de 292.000 euros”. Sin embargo, ha continuado el abogado, “dentro de ese plan malvado tienen un gesto benevolente y deciden declarar ese dinero en la Hacienda Pública”.
Al finalizar el relato, la acusación particular ha preguntado a la Sala: “¿Ustedes se piensan que ellos son capaces de hacer esto para tratar de despedir a una señora? ¿Es una tesis lógica?”. De este modo, el letrado ha concluido afirmando que los notarios “son profesionales que detectaron el descuadre y lo pusieron en conocimiento de las autoridades”.
Turno de la defensa
Para finalizar el juicio ha tenido la palabra la defensa de B.G., quien ha solicitado una sentencia absolutoria en base al principio in dubio pro reo. Y es que el alegato de esta parte se ha centrado en la supuesta falta de pruebas contra la acusada. “Nadie la ha visto coger dinero, pero todo el mundo la señala”, ha comenzado el abogado defensor.
Además, ha señalado que existen 10 facturas especiales “de momentos en los que ella no estaba trabajando”, otras 6 en “días que no hay hojas de caja” y 12 “sin documentación relativa al pago”. Este letrado también ha manifestado que el perito “ha sido claro”, al confirmar que “hay 65 facturas que no tienen nada de documentación y no se sabe si se han pagado o no”. Todo ello, dice, “son datos objetivos documentados”. Asimismo, ha asegurado que en el listado de especiales “hay algunas con un importe fiscal de 0 euros”, las cuales aparecen todas cobradas el mismo día. “¿Cómo se pagan 0 euros?”, ha preguntado la defensa.
Por otra parte, el abogado ha aclarado que el programa Óptima “era de gestión notarial” y que “ningún ordenador tenía clave”. En este sentido, ha indicado que el usuario “tiene total libertad de movimiento” y que las facturas especiales “tienen un tratamiento fiscal especial y se utilizar para llevar una contabilidad B. Ha quedado acreditado, añade, que “el programa era accesible a todos”. De este modo, el letrado ha centrado sus sospechas en J.L., ya que un testigo declaró que “manejaba el sistema perfectamente”. “Él hacía movimientos con el banco, llevaba las cuentas bancarias y analizaba la contabilidad”, ha afirmado el letrado.
“Descontrol generalizado”
Al mismo tiempo, la defensa de B.G. ha subrayado que existía un “descontrol generalizado” respecto a las hojas de caja. De este modo, el abogado ha explicado que por ejemplo, en el año 2008 “faltan 85 hojas de caja en días laborables o en 2011 otras 45”. A esto se suma también según la defensa que han quedado documentados “86 días con hojas de caja con la letra de la acusada sin estar ella”.
Finalmente, esta defensa ha asegurado que los notarios “son tres personas normales y corrientes que además no tenían las cuentas claras y que cometían irregularidades”. De este modo, el abogado de B.G. ha manifestado que el perito judicial apuntó en su informe que “al menos no se han declarado 417.000 euros a la Hacienda Pública”.
Por todo ello, la defensa de la acusada ha señalado a la Sala que “no cabe una sentencia condenatoria”.
