Este martes, 8 de octubre, ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta el macrojuicio por narcotráfico y blanqueo de capitales que ha sentado en el banquillo a doce personas. Durante esta segunda sesión han destacado las declaraciones de dos agentes de la Guardia Civil, instructores de la causa que comenzó el 14 de febrero de 2018.
Este martes, 8 de octubre, ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta el macrojuicio por narcotráfico y blanqueo de capitales que ha sentado en el banquillo a doce personas. Durante esta segunda sesión han destacado las declaraciones de dos agentes de la Guardia Civil, instructores de la causa que comenzó el 14 de febrero de 2018.
Ese día “tenemos conocimiento de que se están introduciendo combustibles en una embarcación”, ha manifestado el primero de los agentes. A raíz de esa información solicitaron las cámaras y comprobaron que el acusado Francisco Javier P. “introducía unas 14 petacas de gasolina”. Dos días después volvieron a revisar dichas cámaras y comprobaron la salida de una embarcación “con bastantes personas”. Unas horas más tarde, afirma el instructor, “es interceptada de regreso hacia Ceuta y se identifica a Francisco Javier P. y a una serie de personas con antecedentes y vinculadas al narcotráfico”.
El segundo de los agentes, que formaba parte del Órgano de Coordinación Contra el Narcotráfico con sede en Cádiz, explica que la Unidad Orgánica de Policía Judicial con de Ceuta le informó de que se había detectado una presunta organización delictiva, que además de avituallar embarcaciones en el mar desarrollaba su actividad terrestre en la Península. En ese momento se dan las directrices de los mandos y él pasa a ser el instructor de un grupo operativo. “Me encargo de dirigir las diligencias, de las actividades operativas y del análisis de las conversaciones”, explica.
En este sentido, ha comentado cómo durante la investigación se observó cómo los individuos introducían “recursos humanos y materiales a las embarcaciones para que permanecieran en alta mar”. Entre estos ha destacado garrafas de combustible, ropa, tripulantes o material GPS. Con el tiempo, en la investigación se detecta que diferentes individuos se asocian con una misma pauta de actividad. “Vemos que sale una embarcación recreativa y otra semirrígida y que se repiten unos movimientos en el tiempo”, ha argumentado el Guardia Civil.
Por todo ello, se solicitó la sonorización de la embarcación “para poder saber qué decían”. Así, tras un cúmulo de indicios, los investigadores comprobaron que los acusados no solo se dedicaban al avituallamiento de embarcaciones, sino que realizaban sus propios trabajos cargando y descargando paquetes. Según recuerda el agente responsable “ellos mismos lo reconocen en sus llamadas e incluso dicen que a Francis le han ofrecido trabajar con inmigrantes, pero lo ha rechazado porque si te pilla la Guardia Civil con droga la puedes tirar al mar, pero a un inmigrante no”.
Sospecha de “ayuda por parte de funcionarios”
Este guardia civil, instructor de una “investigación compleja”, ha aseverado ante la Audiencia que la supuesta organización criminal “recibió ayuda por parte de funcionarios”. Así, ha insistido en que cuando interceptaron el teléfono de Nordin “al día siguiente tenía un mensaje diciendo: tenéis todas las líneas intervenidas. No hagáis nada hasta que ella os lo diga”. “Eso fue un varapalo para la investigación porque contaban con gente que les ayudaba”, ha lamentado.
Una “organización” con “mucha seguridad”
Además, “queda claro que se dedican al narcotráfico” por las medidas de seguridad que toman. Entre ellas, cambian continuamente de teléfono. “Por lo menos intervenimos casi 70 líneas”, ha explicado el instructor. Aparte, ha añadido, “utilizaban el sistema encriptado de conversaciones, se facilitaban las coordenadas y se comunicaban las directrices más importantes”.
Por otra parte, para sentirse seguros, presuntamente “contrataban mecánicos que iban a las embarcaciones y miraban si había escuchas, utilizaban lenguaje convenido en las conversaciones telefónicas con argot y no entraba en la organización nadie ajeno para que no se fuera de la lengua”, ha manifestado el testigo.
Asimismo, durante la sonorización descubrieron cómo “hablaban descaradamente”. Como ejemplo, el agente ha atestiguado que escucharon a Francis decir “mi hermano no se entera de que esto es narcotráfico, que aquí no hay buenas personas”.
Con toda esa información, ha declarado, “nos metemos de lleno en la Península y empezamos a detectar quiénes reciben la carga y las reuniones que hacen”. En este sentido, es el acusado Francisco Javier L. “quien se encarga de hacer el trabajo en Tarifa, contactando con Juan Carlos R. y reuniéndose después con la cúpula y con Cristóbal”.
Una supuesta jerarquía
Según ha explicado este guardia civil, la presunta organización criminal estaba constituida a raíz de una jerarquía. Así, ha asegurado que el líder era Francisco Javier P. “No se cometía ninguna acción sin que él lo supervisase. De hecho, otras operativas se iniciaron y como no daba el visto bueno se abortaron”. Él, dice, “tenía una alianza muy fuerte con dos organizaciones a las que les suministraba petacas y daba indicaciones a todos”.
En el segundo escalafón se situaba presuntamente Antonio P., su hermano. “Tenía un lugar en la cúpula como rol de piloto y le constan antecedentes por una persecución en la que lanzó bultos al mar”, ha señalado el agente. Al mismo tiempo, este ha explicado que F.J.L. “tenía un rol de petaqueo, pero el delito contra la salud pública lo cometía en tierra”. Cuando había problemas, continúa, “mantenía relación directa con dos duplas que le conseguían material que luego enviaban a Europa”.
Entre los líderes, ha afirmado el instructor, “también se encontraba Cristóbal, quien hablaba un árabe fluido, era piloto de embarcaciones y contactaba directamente con el productor de la mercancía sobre las cantidades y la calidad de la misma”.
Además, otro de los encausados, Nordin, “patroneaba las embarcaciones, lo llamaban para buscar garrafas y se encargaba de hacer gestiones”.
Finalmente, según pudo observar este declarante, Munir A “estaba asociado a la parte de las embarcaciones, comunicaba dónde estaban las patrullas y colaboraba con el combustible”, si bien, ha reconocido que en la parte que él instruyó “no estaba presente”.
El registro en Barriada Postigo
El mismo guardia civil participó en el registro de la casa de Francisco Julián P. y María del Mar L., situada en Barriada Postigo. Allí, comenta, se halló una medida de seguridad para impedir ser detectados, así como un traje de agua talla XL y una muestra de hachís “bastante grande (unos 25 gramos) guardada en arroz, plastificada y bien conservada”. Según él, se descartó que fuera para autoconsumo porque “nunca le noté en las conversaciones que fuera consumidor de droga”.
Asimismo, ha confirmado que en esa inspección se encontraron “muchos teléfonos, la documentación original de Francis en la riñonera, tarjetas de teléfono marroquíes y armas debajo de la cama”.
En opinión del agente, era una “vivienda de mucho lujo, con una buhardilla muy exuberante, televisores en todas las habitaciones, infinidad de ropa e incluso piscina”. Se reflejaba, ha indicado, “el alto nivel de vida que llevaban”. Un nivel que según él “no era acorde al poder adquisitivo de una policía local y un empleado de una empresa municipal”.
Finalmente, el encargado de la instrucción se ha ratificado en el atestado, añadiendo que “vivían gracias a la droga”. Además, ha concluido asegurando que “era una organización delictiva, con una asociación de personas claramente constituida, con reparto de liderazgo, funciones y criterio, finalidad exclusiva de un beneficio económico y que no tenía ningún reparo en introducir partidas de hachís en España”.
