La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que inicie una investigación sobre la legalidad de los protocolos y actuaciones de las administraciones durante la crisis migratoria vivida en Ceuta, con el objetivo de determinar si se ha producido una vulneración del Derecho de la Unión Europea.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que inicie una investigación sobre la legalidad de los protocolos y actuaciones de las administraciones durante la crisis migratoria vivida en Ceuta, con el objetivo de determinar si se ha producido una vulneración del Derecho de la Unión Europea.
Una delegación del sindicato, encabezada por su presidente, Miguel Borra, se encuentra en Bruselas para mantener una ronda de contactos con funcionarios de la Comisión Europea en la que se abordan diferentes cuestiones relacionadas con el empleo y la política social, así como la situación de Ceuta y el papel de los servicios públicos en la gestión de la migración, el asilo y la integración.
En este contexto, CSIF ha presentado una petición ante el Parlamento Europeo en la que analiza los hechos ocurridos en Ceuta y sostiene que la normativa europea no se habría aplicado debidamente debido a la insuficiencia de recursos disponibles para garantizar, ante una situación de presión migratoria extraordinaria, el funcionamiento adecuado de las obligaciones asumidas por España.
El sindicato considera que no se trata de una insuficiencia coyuntural de recursos, sino de una deficiencia estructural y de falta de planificación que, a su juicio, implica el incumplimiento de las obligaciones europeas respecto a la protección de los empleados públicos.
CSIF señala que podrían haberse vulnerado varios preceptos jurídicos, entre ellos los recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre condiciones de trabajo, así como las directivas relativas a seguridad y salud, riesgos biológicos y ordenación del tiempo de trabajo.
El sindicato apunta también a una posible vulneración de las normas europeas relativas al Código de Fronteras Schengen, al Reglamento sobre el procedimiento de triaje o ‘Screening’ y al Reglamento de Frontex. En concreto, recuerda que el artículo 15 del Código de Fronteras Schengen establece que los Estados miembros deben disponer de personal y medios adecuados y en número suficiente para ejercer el control de las fronteras exteriores. CSIF también plantea que se analice el supuesto incumplimiento del plazo de tres días establecido para concluir el triaje.
Entre las cuestiones que el sindicato considera que deberían ser investigadas figuran si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera, si se aplicaron correctamente las obligaciones europeas de identificación y los procedimientos de frontera, asilo y retorno, y si existe una insuficiencia estructural de recursos destinados a Ceuta.
La petición incluye además la actuación previa y posterior del Ministerio del Interior, la protección de los servicios públicos y de sus trabajadores, la coordinación entre las diferentes administraciones y la utilización, o no, de los mecanismos europeos disponibles.
CSIF acompaña su petición de un informe sobre el impacto de la crisis en los servicios públicos y advierte de una situación de sobrecarga en distintos ámbitos de la Administración.
En el caso de la sanidad, el sindicato denuncia una sobrecarga extrema de la red hospitalaria y de los servicios forenses, así como la carencia de protocolos de seguridad biológica ante el volumen de fallecidos y de personas que no habrían pasado por un triaje médico inicial.
En Justicia, CSIF señala un incremento que considera inasumible de la carga de trabajo y denuncia la falta de seguridad en los actos de comunicación realizados fuera de las sedes judiciales. El sindicato recuerda que reclamó formalmente medidas sobre esta cuestión el pasado 22 de agosto y sostiene que los funcionarios quedaron expuestos a situaciones de indefensión física.
Respecto al ámbito penitenciario, CSIF denuncia el incremento de la carga de trabajo y el aumento progresivo de la población reclusa, que, según el sindicato, amenaza con desbordar la capacidad operativa del Centro Penitenciario. Por ello, reclama que se limite la población reclusa a un número que permita garantizar la seguridad de trabajadores e internos, una correcta separación interior y el cumplimiento del mandato constitucional de la institución penitenciaria.
En materia de seguridad y orden público, el sindicato considera manifiestamente insuficiente el despliegue de la Unidad de Intervención Policial durante la crisis. CSIF cifra en unos 180 los efectivos totales disponibles, 60 por turno, para una ciudad de unos 85.000 habitantes ante una entrada que eleva a 80.000 personas. El sindicato compara ese despliegue con el utilizado en eventos deportivos ordinarios.
En Educación, CSIF denuncia la ausencia de una planificación de refuerzos docentes y de una adecuación de las infraestructuras para garantizar la seguridad laboral.
El informe también recoge la situación de los servicios de emergencias y de los centros de menores. En este apartado, CSIF señala que el personal de Salvamento Marítimo y Bomberos habría llegado al límite del agotamiento psíquico tras los rescates masivos registrados en el Tarajal, mientras que denuncia un hacinamiento crítico en los centros de menores que, según el sindicato, compromete la integridad física de sus plantillas.
CSIF incluye igualmente en su petición las actuaciones administrativas desarrolladas durante la gestión operativa de la crisis. El sindicato considera que determinadas medidas y procedimientos adoptados por las autoridades competentes generan «serias dudas» sobre su conformidad con el Derecho comunitario.
Otro de los aspectos que recoge el informe es el dimensionamiento de las relaciones de puestos de trabajo y la existencia de vacantes en las administraciones públicas. CSIF sostiene que las relaciones de puestos de trabajo y los catálogos de personal vigentes en Ceuta, tanto en la Administración General del Estado y el INGESA como en la Ciudad Autónoma, se encuentran desactualizados y «deliberadamente infradimensionados».
El sindicato considera que estas estructuras no tienen en cuenta la realidad geoestratégica y fronteriza de Ceuta y denuncia la existencia de decenas de plazas dotadas presupuestariamente pero que permanecen vacantes sin ser convocadas mediante procesos selectivos ordinarios.
CSIF también denuncia el recurso a la temporalidad para cubrir déficits que considera estructurales y vincula esta situación con la Directiva 1999/70/CE.
Con esta iniciativa, la organización sindical pretende que las instituciones europeas analicen tanto la gestión de la crisis migratoria como los medios disponibles y las condiciones en las que los empleados públicos tuvieron que desarrollar su trabajo durante la misma.