María Jesús González, vecina de la calle González de la Vega, enfrenta la amenaza inminente de desahucio. Su situación no solo es crítica por la falta de una alternativa habitacional, sino que también es especialmente grave debido a su estado de salud, ya que padece serias dificultades de movilidad tras múltiples intervenciones quirúrgicas de columna, lo que la ha dejado con dos placas de titanio y dependiente de morfina para sobrellevar el dolor, según ha explicado a este medio. A tan solo días del desalojo, asegura que, a pesar de las promesas recibidas desde la administración pública, aún no se le ha ofrecido una alternativa digna para no quedarse en la calle.
María Jesús González, vecina de la calle González de la Vega, enfrenta la amenaza inminente de desahucio. Su situación no solo es crítica por la falta de una alternativa habitacional, sino que también es especialmente grave debido a su estado de salud, ya que padece serias dificultades de movilidad tras múltiples intervenciones quirúrgicas de columna, lo que la ha dejado con dos placas de titanio y dependiente de morfina para sobrellevar el dolor, según ha explicado a este medio. A tan solo días del desalojo, asegura que, a pesar de las promesas recibidas desde la administración pública, aún no se le ha ofrecido una alternativa digna para no quedarse en la calle.
Según relata María Jesús, en una reunión reciente, funcionarios del ayuntamiento y de la Consejería de Fomento le pidieron que no llevara pancartas ni protestara en la sede del Partido Popular, asegurándole que tendría una reunión con el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, para discutir su caso. “Tamara Guerrero, la directora general de Turismo y Planificación de Inversiones, me pidió que no armara protesta en la sede y me aseguró que antes del desahucio tendría una solución, que incluso me ayudaría a levantar las pancartas si no se cumplía la promesa”, explica María Jesús, quien decidió esperar una respuesta de las autoridades. Sin embargo, en los días que han seguido, sus comunicaciones con la administración se han limitado a papeleo y conversaciones sin avance alguno.
A raíz de estas promesas, María Jesús comenzó a embalar todas sus pertenencias en cajas y a recoger la casa, pensando en una mudanza inminente. La mujer, que vive sola y depende de la ayuda de su vecina Rocío, madre de cuatro hijos también en situación de vulnerabilidad, esperaba que en un plazo de 10 a 20 días le dieran alguna vivienda alternativa. “Confié en que algo se movería. Llevo semanas con la casa llena de cajas y esperando la mudanza. He tenido que hacer todo este esfuerzo físico, a pesar de mi dolor, y ahora me encuentro a las puertas del desalojo sin solución alguna”, expresa con frustración.
La situación se ha complicado aún más debido a su salud. Los médicos le indicaron un año de recuperación tras sus operaciones, periodo que se ha visto afectado por el esfuerzo físico que implica empacar y alistar la casa para una mudanza. "Después de tanto esfuerzo, mi columna se inflamó, y el médico tuvo que extender el tiempo de recuperación. No puedo ni andar bien, necesito ayuda para salir a la calle, y he hecho todo esto pensando que la administración cumpliría sus promesas", explica la mujer, quien asegura que ha hecho todo lo posible para cumplir con los trámites requeridos, incluyendo la gestión de documentación en servicios sociales y EMVICESA.
Rocío, su vecina y madre de cuatro hijos, también enfrenta un desalojo, aún sin fecha concreta, y se encuentra en una situación igualmente desesperada. Ambas familias han pedido ayuda, pero señalan que el sistema les ha fallado. "Llevo meses preparando documentos y esperando soluciones que nunca llegan. El ayuntamiento, Fomento y EMVICESA están al tanto de nuestras condiciones y no han hecho nada por ayudarnos”, comenta María Jesús, quien teme que su situación se vea agravada aún más si es desalojada sin una alternativa habitacional.
A la espera de respuestas definitivas, María Jesús y su vecina Rocío hacen un llamamiento a la administración de Ceuta y a Fomento para que cumplan las promesas hechas y les brinden una vivienda alternativa. Ambas exigen condiciones de vida dignas y recalcan que el desalojo, sin una alternativa habitacional, solo contribuirá a una situación de mayor vulnerabilidad para ellas y sus familias.
