La Plataforma de Contratación del Estado ha publicado hoy la licitación, por parte del órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma, del contrato para la gestión, organización y administración de la planta de transferencia de residuos domésticos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por un importe de 79,1 millones de euros para un periodo de diez años (86,2 con impuestos incluidos).
La Plataforma de Contratación del Estado ha publicado hoy la licitación, por parte del órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma, del contrato para la gestión, organización y administración de la planta de transferencia de residuos domésticos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por un importe de 79,1 millones de euros para un periodo de diez años (86,2 con impuestos incluidos).
La contratación de este servicio responde al cumplimiento de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece como competencia obligatoria de las entidades locales la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos. La Ciudad no dispone de los medios personales ni materiales necesarios para prestarlo directamente.
El objeto del contrato incluye la gestión operativa de la planta, el tratamiento inicial de los residuos (admisión, registro, pesaje, acondicionamiento y compactación) y su transporte marítimo-terrestre a la península para su posterior tratamiento. También contempla actuaciones de mejora como la renovación de maquinaria obsoleta, el adecentamiento de las instalaciones (incluida la retirada de amianto) y la posibilidad de instalar una planta solar fotovoltaica.
El contrato tendrá una duración de diez años, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2035, sin posibilidad de prórroga. Su valor estimado asciende a 79,1 millones de euros, con un canon de tratamiento previsto de 197,91 euros por tonelada (sin IPSI), tomando como referencia una media de 40.000 toneladas anuales.
El contrato incluye como condición especial la obligación de realizar el transporte marítimo de los residuos en buques específicos de mercancías, y no en ferris de pasajeros, con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad del servicio.
La Ciudad Autónoma prevé, además, solicitar apoyo financiero al Ministerio para la Transición Ecológica para sufragar parte de los costes derivados del transporte marítimo de residuos, conforme a lo previsto en la ley estatal.