Ante la legislación europea aprobada en los últimos años referente a las reducciones de emisiones en la movilidad, que apuesta decididamente por la sostenibilidad a través del vehículo eléctrico, desde la Asociación Española de Consumidores siempre han mostrado preocupación por la falta de infraestructuras necesarias para la carga de estos vehículos.
Ante la legislación europea aprobada en los últimos años referente a las reducciones de emisiones en la movilidad, que apuesta decididamente por la sostenibilidad a través del vehículo eléctrico, desde la Asociación Española de Consumidores siempre han mostrado preocupación por la falta de infraestructuras necesarias para la carga de estos vehículos.
Y es que en España hay escasez de cargadores eléctricos y esto ha quedado patente cuando se produce una salida masiva de vehículos por vacaciones de Semana Santa. Actualmente existen 20.000 puntos de recarga para 600.000 usuarios de vehículos eléctricos, una cifra bastante inferior a los programados que deberían superar los 50.000 en este año.
Pero además, según estadísticas del sector, un 20% de los existentes están fuera de servicio por falta de mantenimiento u otros problemas, entre los que se encuentra la burocracia. Así, se ve multitud de puntos de recarga que no pueden operar por la falta de autorización administrativa para ello, lo que se podría solucionar fácilmente con un sistema de declaraciones responsables que no implicasen la necesidad de revisión obligatoria previa de las condiciones por parte de los Ayuntamientos para proceder a la licencia. Esta simple medida duplicaría la red de puntos de recarga y evitaría este tipo de situaciones que disuaden al consumidor hasta el momento de la compra de vehículos eléctricos.
Y esto es lo que ha dictaminado la CNMC. La CNMC afirma que reclamar una licencia o autorización para instalar puntos de recarga vulnera la ley y se debería pedir únicamente esa declaración responsable para esas instalaciones.
Por todo ello, desde la Asociación Española de Consumidores instan a todos los Ayuntamientos de España a seguir este dictamen de la CNMC y se otorgue licencia a todas las peticiones pendientes de autorización administrativa. Esto beneficiará a las empresas y la economía pero, sobre todo, a los consumidores de vehículos eléctricos.